La mayoría de sus miembros optó por subordinarse a las disposiciones rectorales autónomas, se marginó de participar en la formulación y la discusión de un plan estratégico para la Universidad, se he negado a estudiar nuevos planes educativos acordes con la evolución del país, se demoró en el nombramiento de Decano para la Facultad de Derecho, desatendió la función de vigilancia que estatutariamente le correspondía en materia de rendición de cuentas y guardó silencio en la asunción de compromisos de la institución, vinculados a objetivos del gobierno de turno, que por loables que parecieran, requerían del aval del órgano directivo.