Dócil y servil. Así es la educación que hoy en día se imparte en la mayoría de las universidades en el mundo, donde la preocupación principal es la formación de mano de obra barata y productiva, que no piense, que no pregunte y que no cuestione. No en el Externado, en nuestra casa de estudios, se supone y así me lo han enseñado, se desafía la autoridad, se argumenta, se debate y los profesores se ponen a disposición del país para enfrentar lo que se cree que está mal.

Esto es lo que más me molesta del Proyecto de Estatuto Docente: su actitud dócil y servil. Su tendencia a premiar a quienes, desde la burocracia, creen que hacen academia por llenar formatos, cumplir indicadores arbitrarios y escribir cosas que a nadie interesan y a nadie ayudan. No cuestionan si su puntaje perfecto en Colciencias sirve para algo; solo se obsesionan con acumular puntos. Luego, cuando entre ellos mismos se citan y se referencian, se dan palmaditas en la espalda y se (auto)califican como grandes académicos.

En este nefasto proyecto se incluyó una causal de terminación del contrato de trabajo dirigida a excluir a profesores como yo, abogados que ejercemos el Derecho a diario y que, por motivos personales, laborales y vocacionales, no tenemos intención de hacer un doctorado. El propósito de esta norma, más allá de asegurar que un grupo de profesores acaparen el presupuesto de la Universidad, es, supuestamente, que todos los profesores se encuentren preparados en el que debería ser el más alto escalón de la academia.

Nada más alejado de la realidad. Uno de los propósitos de un doctorado es contribuir al conocimiento científico de una disciplina determinada. Para cursarlo se requiere de un alto componente vocacional. Quien pretenda completar un doctorado debe estar convencido de dos cosas. La primera, que tiene algo que aportar al mundo jurídico. La segunda, que su vocación es la investigación científica.

Por eso, el Proyecto genera un incentivo perverso: que se curse un doctorado con el único propósito de conservar un trabajo y ascender en un escalafón mediocre y mal diseñado. En los pasillos de la Universidad, ya se escuchan voces de profesores que van a iniciar su doctorado solo por cumplir un requisito y no perder su trabajo. Y no es su culpa. Es culpa de un proyecto que los excluyó y que les envió el mensaje que su formación y su experiencia no sirve para nada.

Me pregunto: ¿esta es la clase de docentes que quiere el Externado? ¿Docentes que, en contra de sus propios planes profesionales y personales, cursen un doctorado únicamente porque una norma mal hecha se los exige? ¿Con qué cara van a mirar a sus estudiantes y hablarles de la vocación o de la realización profesional a través del Derecho? El mensaje es muy sencillo: sean dóciles y serviles; en la ciega obediencia está el camino más expedito al ascenso.  

La norma en cuestión no va a mejorar la calidad de los docentes. No existe relación entre un buen docente y su pertenencia o no al exclusivo círculo de los Doctores. Lo que va a asegurar la norma es que llenemos los anaqueles de Colciencias con hojas de vida aptas para sumar puntos y después publiquemos con orgullo que subimos algunos puestos en un ranking que no entendemos y del cual no hacemos el más mínimo cuestionamiento. Nuevamente, el mensaje es que el premio se reserva para el dócil y servil. Cuánta falta hace que, como cuerpo docente, debatamos ante el país estas políticas educativas.

Nuestra profesión es muy particular. Se mueve entre la grandilocuencia de la teoría y el nimio detalle de la práctica. Ambas cuestiones resultan tan relevantes como complementarias. No puede concebirse un litigante sin bases sólidas en la dogmática jurídica, así como no se imagina un académico que todo lo comente desde la teoría. El proyecto de estatuto docente desconoce esta realidad. Hace prevalecer una sobre la otra y excluye a quienes practicamos el Derecho vivo, el del día a día. Creo que nuestros profesionales no pueden perderse la oportunidad de aproximarse a ambos perfiles.

En mi caso personal, dictaré clase hasta el último día que me lo permita la Universidad. Hasta el día en que se cumpla el término para acreditar un doctorado que no tengo la intención de hacer y que no haré solo por un capricho de algunos. No tengo la vocación que se requiere. Me sentiría avergonzado de presentar como mi aporte al mundo jurídico una tesis inducida por la necesidad de colgar otro título en la pared y no perder mi cargo.  No quisiera que mi tesis doctoral, como algunas de quienes hoy defienden el proyecto de Estatuto Profesoral, termine reposando intacta en una biblioteca, dejando como único aporte al Derecho el solo alimento de mi propia vanidad.