Quienes administran bienes ajenos están obligados al “deber de transparencia”, lo que implica que la gestión se desarrolle en forma nítida, de manera que no haya lugar a duda alguna. Razón por la que sus beneficiarios pueden solicitar toda la información necesaria, lo que se ve truncado cuando no se da completa o a tiempo. Este derecho se protege también mediante la institución de la Revisoría Fiscal, de la que se exige además transparencia y profesionalismo, pero que no siempre puede hacerlo, especialmente cuando los fiscalizados de manera directa o subrepticia intervienen en su nominación. Queda el recurso al control que ejerce el Ministerio de Educación y los demás entes adscritos al mismo.

En el caso colombiano las cosas no siempre han transcurrido dentro del marco de la ética y el orden jurídico. La falta de transparencia se esconde en discursos moralistas y en el mutuo encubrimiento debido a mezquinos intereses que la sociedad de consumo y el deseo de figuración estimulan, propio de los “tiempos líquidos” de los que nos habló Zygmunt Bauman, en donde todo está permitido si responde a mis intereses personales o del grupo. Algunas personas aprovechándose de que los sistemas de control no han podido o no han querido evitar o remediar los problemas, han desnaturalizado la finalidad de estos entes y los han creado o los han convertido en instituciones de beneficio personal y en ocasiones de orden familiar, generando abusos de poder que se pueden convertir en verdaderos actos de corrupción. Nicolas Pinzón Warlosten fundó la Universidad como centro para la formación jurídica y de divulgación de los principios de libertad, respeto y tolerancia y nunca pensó en intereses personales para él o para su descendencia. Lo sucedieron, en su orden, los Doctores Diego Mendoza Pérez, Ricardo Hinestrosa Daza y Fernando Hinestrosa Forero, quienes cada uno a su manera llenaron de prestigio a la institución. Especialmente este último, quien con su valía y acompañado de un nutrido grupo profesoral la llevó al crecimiento y los niveles de reconocimiento nacional e internacional con la que la dejó a su fallecimiento. Hoy lo sucede el Dr. Juan Carlos Henao Pérez, a quien le hemos planteado desde hace más de seis años, sin haberlo logrado, la necesidad de institucionalizar la Universidad para tener una debida organización, la transparencia en su Gobierno y la definición de sus paradigmas frente a este siglo XXI, para que se le reconozca por su excelencia más que por el crecimiento de la planta física y del número de matriculados. Nuestra gran responsabilidad histórica no radica en una sucesión sino en el servicio a las presentes y futuras generaciones. Se requiere de un esquema de Gobierno actuante, que se ocupe con independencia de los varios asuntos por atender como pueden ser entre los varios: la reforma de estatutos; la entrega de información especialmente en el orden financiero; que las cuentas de la institución no se den por aprobadas con el voto de los ordenadores del gasto; que la administración no intervenga en nada en la nominación del Revisor Fiscal, sino que se devuelva la esa facultad al Consejo de Profesores; que la elaboración de las actas se haga de manera creíble y que se respete el derecho a obtener la copia de las mismas; que se tenga un estatuto profesoral en donde en materia de remuneración y estímulos impere la igualdad y no el capricho; que el Consejo Directivo pueda intervenir en la definición y estado de las inversiones y demás bienes de la Universidad; y en definitiva, acabar con ese acaparamiento personal del poder académico, patrimonial y administrativo de la institución. Se anuncian dos proyectos importantes y necesarios: la auditoría Externa, de la que se espera pueda cumplir su encargo de la manera profesional e independiente; y la elección de un nuevo Consejo Directivo, del que exigimos absoluta independencia en su nominación y gestión.