Bajo el entendido de que la institución no constituye un patrimonio personal y menos de familia, sino que responde al interés de sus beneficiarios, que son la comunidad en general y en particular los estudiantes, hemos insistido en la institucionalización de la misma bajo los parámetros de la democratización y de la transparencia. Pero pese a que la actual rectoría está próxima a cumplir siete años, no se ha querido dar el gran debate sobre el estado de la Universidad. Ni siquiera se aprovechó el momento de la reelección de Juan Carlos Henao para darlo. Tan sólo se hizo una especie de posible publirreportaje sobre lo presentable, pero no se habló de lo que se hizo mal o de lo que se había dejado de hacer después de seis años de mandato. Es el momento para darlo. Sobre todo, ahora que por presión o por estrategia se empieza a hablar de cambios. El interrogante es para cuándo y bajo qué postulados democráticos se va a cumplir la tarea, la que no se puede limitar a proyectar el futuro de la institución buscando mostrarla en sus diversas facetas de crecimiento material, sino que se debe tener como paradigma la formación sustantiva e integral de nuestros estudiantes, sin caer en los anuncios de cambios para distraer la atención y así mantener el odioso acaparamiento del poder que se está viviendo. En escritos anteriores se trajo a colación la organización formal de la institución con sus vacíos de poder. La forma como se está dando el ejercicio del mismo y la necesidad de que se cumpla con el principio de transparencia, requerimientos que desde hace más de seis años hemos venido planteando y tan sólo se ha obtenido como respuesta la evasión, la dilación, el silencio o el querer de las mayorías. Durante la administración del Doctor Fernando Hinestrosa, existían los mismos estatutos y el poder estaba concentrado en cabeza de él, pero dado a su capacidad, su profesionalismo, decoro, dedicación y autoridad, logró proyectar a la Universidad al alto nivel en que la dejó. Ahora, por muchas razones, las cosas son distintas y exigen la institucionalización de la misma.

El futuro del Externado en todos los órdenes está en juego. Se requiere una reforma de estatutos que defina los diversos aspectos de su Gobierno Corporativo, la responsabilidad de sus administradores, la independencia política que siempre mantuvo, el respeto por los principios democráticos en su manejo y la transparencia en su gestión, que se respete el derecho de unos y otros a estar informados sobre el diario manejo de la Universidad. En la parte patrimonial se debe tener en cuenta que nuestra institución goza de una gran fortaleza lo cual exige profesionalismo y no improvisación en su gestión. Así mismo, los varios sistemas de control que se establezcan para que sean creíbles deben tener total independencia y por lo mismo la dirección de la institución no puede tener la más mínima intervención en su nominación o en el cumplimiento de su encargo. En procura de la democracia institucional, lo primero que se debe hacer sin dilación alguna es colaborar con la organización del Consejo de Profesores y así mismo con la anunciada elección de nuevos representantes de los estudiantes al Consejo Directivo, de manera que estas se hagan sin condicionamiento alguno, respetando la independencia de unos y otros. Razón por la cual se sugiere que en la reforma de estatutos se incluya que los profesores que ocupen cargos administrativos no puedan ir al Consejo Directivo y que los estudiantes que lleguen allí, por ese sólo hecho no terminen siendo beneficiarios de becas o de cargos profesorales. Asumamos sin interés personal o de grupo el compromiso de adelantar pronto todos los cambios necesarios para institucionalizar la Universidad Externado de Colombia bajo los postulados de la democracia y la transparencia. Esta es la invitación que le hago a toda la comunidad externadista.