La rectoría por fin anuncia que habrá elecciones para renovar los representantes del profesorado en el desprestigiado consejo directivo de la Universidad. La fecha aun es incierta, como suele suceder, porque eso hace parte de las disposiciones siempre secretas y excluyentes de unas directivas que gobiernan la Universidad a su antojo pensando siempre en sus particulares intereses y propósitos.

Los ejemplos abundan: sin haber convocado un proceso transparente y democrático, el rector designó a dedo como decana de la facultad de derecho a una de sus mas cercanas semejanzas. Ahora sus primeros pasos suscitan inquietudes, porque además tampoco se conocen sus funciones y si estas recortaron el poder de la Secretaría General, como sería lo ideal, o si, como todo lo hace suponer, se trata de un peldaño más en la sofisticada escala burocrática de las determinaciones atribuidas a un cerrado círculo de amigos y aduladores que ejercen poder absoluto en la otrora casa del liberalismo radical. A lo anterior se suma la resistencia a permitir que el consejo de profesores cuenten con un reglamento que los haga libres e independientes frente a la estructura monárquica de una rectoría que todo lo puede. Eso sin enlistar la resistencia injustificada y sospechosa a rendir cuentas o a permitir que una auditoria autónoma e independiente haga las verificaciones de rigor a una administración que pregona el “continuismo ascendente” del que nadie tiene evidencias de sus resultados positivos o negativos, pero que las directivas vanaglorian haciéndose aplaudir de unos pocos que se sienten a gusto con las migajas de las que buenamente les participan pisoteando sus dignidades y el prestigio de esta casa de estudios.

Pero volvamos al tema electoral que es hoy eje central del horizonte sombrío del Externado. No basta convocar elecciones, sino velar para que esa sea una jornada transparente despojada de subterfugios o de las consabidas maromas clientelistas, que lamentablemente también conviven en esta Universidad.

Elecciones convocadas para que tengan lugar en forma sorpresiva, constituiría una señal maliciosa de favorecimiento a quienes aspiran a llegar al Consejo Directivo de la mano de la rectoría y la secretaría general. Ni tan inmediatas, ni tan lejanas. Es necesario que haya un proceso electoral que permita a los interesados en someter sus nombres al escrutinio colectivo de sus pares, diseñar sus programas, difundirlos y asegurarse de que la comunidad los ha asimilado de manera libre. En efecto, convocar unas elecciones profesorales para que la rectoría pueda sustituir en el consejo directivo de la Universidad las voces que hoy le permiten todo por otras del mismo talante, serían una burla y no tendrían sentido. Las elecciones no pueden ser un mecanismo para que el rector y la secretaría general sitúen en ese importante organismo más fichas suyas, como ya lo han hecho.

No se trata de convocar el día menos pensado a unas elecciones profesorales sin previamente definir las reglas que avalen el derecho de sectores disidentes de la administración, a obtener cupos seguros que permitan integrar un consejo directivo pluralista y autónomo.

Es preciso que el sistema que se adopte, no sea la inveterada “operación avispa” tristemente célebre, usada por las maquinarias corruptas para perpetuar sus privilegios. Estas elecciones deben ensayar fórmulas garantistas, como la del sistema con cociente electoral o listas con voto preferente u otro similar. De no ser así esas elecciones serían como la fórmula del Gatopardo “cambiar todo para que nada cambie”.