Uno de los retos más grandes que existen actualmente dentro de las universidades es la lucha contra el acoso sexual dentro de las aulas. Éste, se entiende como aquellos comportamientos y conductas en función del sexo, de carácter no deseado y ofensivo contra la víctima, como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual y exigencias sexuales, verbales o de hecho.

Genera, sin duda, un sentimiento de humillación e intimidación sobre la víctima, la  cual, en su gran mayoría, resulta siendo una mujer.

Este tipo de conductas deben ser inaceptables en todas sus formas, en especial en un espacio como el universitario, donde los estudiantes debemos sentirnos seguros para poder explotar todo nuestro potencial intelectual. Infortunadamente, esta problemática ha sido ignorada debido a las dinámicas de poder entre la víctima y su victimario, que en algunas situaciones puede ser una persona que ostente una posición de autoridad sobre la acosada, ya sea un profesor, directivo, jefe, etc.

Precisamente por ello, los colectivos estudiantiles no han parado de exigir que este sea un asunto debidamente tratado por la ley y por las instituciones, las cuales han sido muy negligentes en regular su tratamiento y procedimiento, considerando que lo reglamentado en la vía laboral se queda corto para las realidades de una estudiante víctima de acoso por su profesor. En consecuencia, se ha identificado la necesidad de realizar vías de acción al interior de las universidades para denunciar y seguir este tipo de casos, generando diferentes protocolos para asuntos relacionados con acoso, maltrato y discriminación, entre otros.

De tal necesidad son estás vías de acción, que la Corte Constitucional en la T-239/18 exhortó al Ministerio de Educación a determinar las obligaciones de las universidades en estas cuestiones y a establecer un procedimiento regular para la atención de casos de violencia de género. Aunque ya varias instituciones cuentan con un protocolo de atención, otras han sido renuentes en cumplir con la tarea, incluyendo el Externado, en el cual diferentes grupos estudiantiles han exigido a Bienestar Universitario y la institución misma crear una vía de atención especializada para estos casos, sin recibir verdaderas respuestas.

Un futuro protocolo de atención debe contar con diferentes vías de denuncia, protección a la víctima con la existencia de un comité especializado con presencia estudiantil, profesoral y directiva de la Universidad para supervisar y tomar medidas, respetando siempre el derecho de contradicción y las demás garantías del debido proceso. Sin embargo, la creación de éste en el Externado se dificulta con la falta de un estatuto profesoral que regule de forma abierta y clara la relación docente-estudiante.

Si bien existen obstáculos e intereses para mantener el silencio acerca del acoso sexual, el Externado como una Universidad basada en el respeto y libertad, necesita que sus estudiantes, profesores y funcionarios cuenten con las garantías suficientes de que la institución es un espacio libre de acoso, en la que se pueden gozar de todas las posibilidades que les ofrece a las y los estudiantes esta gran casa de estudios.