La Corte Constitucional teniendo en cuenta que el artículo 2º de la Constitución Política consagra como fines esenciales del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, en Sentencia T-2 de Mayo 8 de l.992, afirmó: “Por lo tanto el principio de la autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de la Constitución, debe ser leído  en el marco del artículo 2º, por ser la primera una norma orgánica, mientras que este último es un principio material que irradia toda la Constitución”, interpretación que permite señalar que la participación de la comunidad universitaria consagrada en el artículo 68 de la misma y reconocida por la Corte Constitucional en Sentencia T-525 de 2.001, no puede ser afectada por la invocada autonomía universitaria, sino todo lo contrario. Como derecho de consagración constitucional y legal que es, debe atenderse en forma amplia dentro de los parámetros no sólo de la Constitución, la ley y los estatutos, sino también bajo los postulados de la democracia y de la transparencia y teniendo en cuenta la naturaleza y los fines de la institución por dirigir. Siendo éstas últimas la de una Fundación, la cual no tiene propietarios sino beneficiarios, por lo que nadie puede pretender su control como si fueran los primeros, por lo que tampoco se puede buscar un beneficio económico de manera directa o indirecta, pues su finalidad es la educación y no el ánimo de lucro. Pretender lo contrario en uno u otro caso es contrario a la Constitución, a la ley, a los estatutos, a la ética y a la moral. Sin embargo, puede suceder que al igual de lo que acontece en ocasiones con la Constitución Política que una es la formal o escrita que contiene todo lo deseado, hasta lo que está de moda, y otra la real, la que se aplica o lo que es peor, que no se aplica, y para el caso de las universidades todo se puede escribir en sus estatutos y reglamentos pero en la práctica se desconocen de manera directa con interpretaciones acomodadas o con la dilación o el silencio, lo que sería contrario a los principios democráticos y de transparencia.

En este momento el Externado está viviendo un período definitivo para su futuro, por lo que debemos luchar por una apertura democrática y transparente para el Gobierno universitario, lo que se inicia con la reglamentación para institucionalizar el Consejo de Profesores y el Consejo Directivo, lo que habrá de hacerse dentro de los postulados de la democracia y de la transparencia, de manera que los antiguos sin mérito alguno, no se perpetúen en sus cargos y en su lugar se de paso a las nuevas generaciones, y para mantener la independencia de los mismos y evitar conflictos de interés no se debe elegir en tales cargos a Decanos o Directores de Departamento, puesto que éstos tienen una dependencia del Rector más allá de lo académico y además, no obstante ser ordenadores del gasto terminen aprobando sus propias cuentas en su condición de miembros del Consejo directivo. Pero al igual de lo que acontece con la Constitución Política, en nuestro caso esperamos que los reglamentos en torno a la elección de los dos órganos no sean desconocidos o violados de manera directa o subliminal mediante estímulos o amenazas en torno a los contratos de trabajo, o lo que sería peor, que se pretenda perpetuar a los Directores como si se tratara de una propiedad privada. Este es un momento histórico para la institución. Por encima de intereses personales que algunos abrigan, democraticemos nuestra Universidad. Con independencia, desprendimiento y gallardía hagamos de la misma un verdadero centro en donde brillen los principios democráticos y de transparencia como lo buscaron sus fundadores. Que las directivas actuales rindan cuentas de su gestión. Abramos el gran debate para que la Comunidad Externadista se entere de lo bueno y lo malo que se ha hecho y de las dificultades a que estamos abocados.