Hemos insistido en que, en la gestión y dirección de un ente sin ánimo de lucro, como es la Fundación Universidad Externado de Colombia, se debe tener en cuenta que es un ente sin propietarios y que se debe respetar la participación de la comunidad en sus varias instancias. También insistimos en que, en el caso de la Universidad Externado de Colombia, el concepto de administración transparente debe ser más exigente, ya que no se trata de rendirle cuentas únicamente a unos imaginarios propietarios sino a sus legítimos beneficiarios, representados en la comunidad universitaria. Aspectos que a largo de los últimos siete años han sido ignorados, ya que, en lo primero, sin méritos y sin título jurídico alguno, se llegó a un acaparamiento manifiesto del poder administrativo, académico y patrimonial de la institución. En lo segundo, se han desconocido los principios democráticos sobre los cuales se cimentó la Universidad, como aconteció con la reelección del Rector, sin un debate abierto con mayorías logradas con el voto de dependientes y con la búsqueda de un Consejo de Profesores controlado y un Consejo Directivo carente de independencia. Cuestiones ambas que traen como consecuencia que se afecte el principio de transparencia. Lo que es aún más gravoso con las decisiones adoptadas en materia de información, en donde de manera no ortodoxa se exige que para que un miembro del Consejo Directivo pueda conocer el detalle de los egresos debe estar autorizado previamente por el mismo Consejo (el que aprueba las cuentas). Tampoco es transparente que para que un miembro del Consejo Directivo pueda obtener copia completa de las actas de las reuniones en que él participó se requiera la aprobación del mismo Consejo. Todo, sin importar el conflicto de intereses en que algunos de sus miembros están incursos por ser ellos mismos ordenadores del gasto dada su condición de Decanos o Directores de Departamento, a su juicio se somete la aprobación de las cuentas.

Se contrató a una firma experta en Gobernanza Universitaria para hacer un estudio sobre el particular, el cual una vez conocido por la Rectoría y la Secretaría decidieron que para que los miembros del Consejo pudieran conocerlo se necesitaba la autorización del mismo. La falta de transparencia se terminó de consolidar con la peregrina decisión de que los miembros del Consejo Directivo están obligados a mantener la reserva del resultado parcial de una luchada y dilatada auditoría externa, la que por su propia naturaleza debe estar destinada al conocimiento de la comunidad. Se exigen los informes sobre el resultado de la operación académica y su respuesta se evade. Se desconocen entonces las funciones primordiales que debe cumplir el Consejo Directivo. En los grandes temas como son el estatuto profesoral, la evolución patrimonial de la Universidad, la posible crisis financiera originada en el descenso de las matrículas y en decisiones equivocadas, entre otras. Si lo que se pretende es desconocer que la institución universitaria responde es al interés de la comunidad integrada por estudiantes y profesores, y no al interés de unos anhelados legatarios, debe entonces plantearse el debate jurídico, ético y moral sobre el particular y así sabremos quién tiene la razón. Las respuestas a todas estas inquietudes no pueden seguir siendo la dilación, el silencio o la falacia como el decir públicamente que las cuentas completas se han entregado y que en uno y otro punto ha habido verdadero debate sin ser cierto. ¿Qué se pretende con ese bloqueo de la información? El Consejo Directivo no se entera de las decisiones que adopta el entorno del Rector y la comunidad universitaria no sabe de qué se habla en el Consejo Directivo, y menos de quién depende y cómo se toman las decisiones más importantes. Antes que seguir impidiendo el acceso a la información, la Universidad debe democratizarse en todos los órdenes y se deben establecer parámetros de transparencia como es el acceso al detalle de las cuentas y la designación del Revisor Fiscal por el Consejo de Profesores, y junto con el Consejo Estudiantil la de un Veedor sobre la gestión de la institución. Recuperemos el puesto que nos corresponde en el orden nacional e internacional. Existen aspectos de la institución en los que se está atravesando por momentos de incertidumbre que deben ser atendidos con responsabilidad por directivos, estudiantes y profesores. Este es el panorama que se le está dejando a la administración por venir. Llamamos entonces a los aspirantes al nuevo Consejo Directivo para que con responsabilidad e independencia, como corresponde a un verdadero académico, entren en el debate y asuman posiciones entorno a los problemas planteados. La situación de la Universidad es crítica y no se soluciona invocando la simplista frase “continuismo ascendente” y diciendo que todo está bien. Unidos podemos recuperar el lugar que corresponde en el ámbito nacional e internacional.