Es posible que muchos externadistas no lo sepan, pero es imposible conocer las actas de las sesiones del Consejo Directivo de la Universidad. Con una leguleyada de mala factura, la actual administración decidió que esos documentos son reservados, no sólo frente a la comunidad universitaria sino incluso, y esto es increíble, frente los propios miembros del Consejo Directivo. La administración desconoce así el derecho que tenemos los externadistas a saber cómo se dirige la Universidad, que, valga recordarlo, no tiene dueños ni accionistas, sino que es una fundación sin ánimo de lucro gobernada, según sus estatutos, por sus estudiantes y profesores.

Probablemente tampoco sepan, esos mismos externadistas, que la situación patrimonial y de liquidez de la Universidad se guarda bajo reserva, como si fuera el más delicado secreto de Estado, incluso para los miembros del Consejo Directivo, a quienes se presentan para su aprobación, año tras año, unos balances sin soportes, cuya veracidad desconocen. Es cierto que algunos consejeros han manifestado su desacuerdo con ese modo de proceder y se han abstenido de votar a ciegas sobre esos balances, pero pese a ello, han sido aprobados por mayoría. En varias ocasiones algunos consejeros han solicitado una rendición de cuentas cierta, documentada, con información desglosada sobre ingresos y gastos, estados financieros veraces e informes de auditoría externa contrastada, pero sus solicitudes siempre se han despachado en sentido negativo con arrogancia y autoritarismo. 

Menos aún sabrán, esos mismos externadistas que conservan todo el cariño por la vieja alma mater, que hace unos meses la administración contrató a un ilustre académico ajeno al Externado, el Dr. Carlos Angulo Galvis, para que hiciera un diagnóstico de la Universidad y presentara unas propuestas de reformas para su modernización. Ese solo hecho, de contratar un asesor externo y desoír las voces de los profesores, estudiantes y exalumnos de la casa, es ilustrativo del talante excluyente y de la orfandad intelectual de la administración. Pero la guinda de la asesoría es que sus resultados, tal como viene ocurriendo casi con todo en esta administración, también hayan sido apresuradamente metidos a la caja fuerte de los secretos y por tanto no se hayan divulgado ni debatido y, de nuevo, que ni siquiera los miembros del Consejo Directivo de la Universidad los hayan podido conocer.

Tampoco se conocen los resultados de una frustrada auditoría que el año pasado tuvo que contratar la administración de la Universidad ante la insistencia de algunos miembros de su Consejo Directivo. Esa auditoría se contrató, pero a la firma elegida sólo se le entregó para su revisión una información parcial e inocua sobre la situación y los manejos financieros de la Universidad. Pese a ello, sus resultados se mantienen en reserva. Ante esto se hace necesaria una genuina auditoría externa, independiente, contratada sin la participación de la Rectoría ni de la Secretaría General de la Universidad.

Recientemente esa misma administración se ha empeñando en negarle a un miembro de ese Consejo, el Prof. Andrés González Díaz, el derecho a ejercer su representación, de la cual se ausentó por el ejercicio de algunas funciones públicas que ya concluyó. Para ello han acudido la muy hipócrita tesis de que su elección caducó en favor de su suplente. Curiosamente, esa tesis no se le aplica a los demás elegidos, que concurrieron todos hace 22 años a una elección para un período de dos años. ¡Sí, de dos años! Para unos no hay caducidad, para otros sí. Para unos hay llamado al suplente, para otros no. ¡Qué hermenéutica más elástica!

Como si lo anterior no fuera suficientemente anómalo, los miembros del Consejo Directivo se comprometen, vaya uno a saber con qué fundamento normativo o ético, a guardar reserva de todo lo que se discuta y decida en ese órgano de dirección universitaria. En conclusión: estamos ante la ley del silencio, ante un gobierno universitario enclaustrado, arbitrario, a la defensiva incluso de su propio Consejo Directivo. Es un ejemplo de anaquel sobre el imperio de la opacidad. ¿Qué puede explicar todo esto? ¿Cómo pretenden no generar suspicacias?

En varias ocasiones desde las páginas de EL RADICAL hemos recordado que, más allá de una obligación legal, la transparencia es un presupuesto para el gobierno democrático de la institución, una buena práctica de gestión que la fortalecería, generaría confianza y compromiso entre los miembros de la comunidad académica y ubicaría a la Universidad, en el contexto de la sociedad colombiana, como una institución privada ejemplar, seria, cristalina, sin dogmas ni secretos, dedicada al fomento de las ciencias sociales y a la formación de los mejores profesionales. Las directivas, por supuesto, no han escuchado esta voz, y se comportan ante estos reclamos con menosprecio y con una lógica alcabalera que destruye la esencia de la Universidad como institución para el cultivo del pensamiento crítico y como entidad sin ánimo de lucro.

Desde la representación estudiantil han surgido también reclamos en ese mismo sentido.  En esta edición puede leerse la carta abierta de uno de los estudiantes que integran el Consejo Directivo, en el que hace oir su voz razonada sobre la necesidad de un gobierno republicano para el Externado. EL RADICAL apoya esa propuesta.

Del bache de estos años, el Externado saldrá adelante por la pujanza de sus estudiantes y profesores. Pero para diseñar la Universidad del futuro necesitamos conocer su situación académica, administrativa, laboral y financiera, y ante ese clamor creciente no puede sostenerse por más tiempo la ley del silencio con la que han llevado a la institución a una situación de crisis que ya no se puede ocultar más.