Cuando empezaron las asambleas profesorales de los últimos tiempos, concretamente en cuanto estalló la crisis de gobernabilidad de la Universidad y la pérdida de credibilidad del Rector Henao y su Secretaria General, Marta Hinestrosa, se hicieron notorias las voces de quienes se rasgaban las vestiduras reclamando que los problemas internos debían discutirse y resolver de puertas para adentro.

No todos hemos olvidado la insólita maniobra que de manera sigilosa y cuando ya el quorum estaba quebrado en una de esas asambleas, protagonizó Adriana Zapata, actual Decana de la Facultad de Derecho. En efecto, en aquella oportunidad, propuso que la Asamblea de profesores aprobara una directriz para los graves problemas que desde entonces sacudían a la Universidad, no fueran comentados en los medios de comunicación. La tesis impensable en la Universidad por esencia democrática y liberal, fue la de que nadie debía enterarse de nuestras dificultades. Entiendo que fue a instancias de la profesora Magdalena Correa que esa asamblea, cuando ya estaba ad portas de aprobar la excluyente propuesta de quien seguramente ya acariciaba su aspiración a la decanatura de Derecho, tuvo que recapacitar y advertir que aprobar semejante solución sería ponerle mordaza a todo. Claro que mientras las directivas y sus amigos se muestran reacios a que los medios esculquen lo que está pasando y lo que deberá suceder, Henao, valido de la ventaja de pautar en casi todos los medios, goza del inmenso privilegio de conceder babosas y obvias declaraciones sobre lo divino y lo humano. Para eso sí les sirven los medios de comunicación, para el auto bombo y para ir afincando en la retina de ciertos incautos la aspiración de convertirse en procurador apenas concluya el período de lo que ya se conoce como “El Albaceazgo” o también “La década perdida”.

Pero dejemos de lado el uso abusivo de la marca del Externado para intentar abrirse camino en escenarios públicos sin tener merecimientos para ello, y volvamos a lo que es central en esta columna: el grotesco intento de silenciar la crítica, con el simplismo de que la ropa sucia se lava en casa. El gesto totalitario de que por fuera del Externado nadie se entere de lo que está pasando, no ha desaparecido. Todavía hay quienes alimentan esa salida como doctrina o ideología, a lo mejor algunos creyendo proteger la Universidad, sin advertir que ese mutismo obligado es el peor remedio para resolver la grave enfermedad que nos sacude, la cual ya hizo metástasis. La solución de obligar a los disidentes a que solo se expresen en el ámbito en el que los poderosos todo lo controlan, hasta el aire, es una invitación a que quien proteste o discrepe caiga en el anonimato. Eso es lo que quieren las actuales directivas y sus áulicos: protesten en estas cuatro paredes, que es donde ellos deciden qué trasciende o qué no, y por lo general solo salen las noticias disfrazadas de aciertos, con los que engañan a la comunidad en general. Valdría la pena que quienes promueven el camino de que todo quede en casa y que nada se lave afuera, recordaran o supieran lo que sucedió en la década de los 50, durante la dictadura civil comandada por Laureano Gómez, el Monstruo. En esos años terribles, primero Ospina Pérez cerró el Congreso cuando se disponía a definir si enjuiciaba o no al mandatario por la inocultable violencia que azotó al país y en particular las comunidades liberales, y luego más tarde cuando Laureano, candidato solitario a la Presidencia de la República, llegó al poder, el terror se incrementó por cuenta de los atropellos oficiales, y entonces se convocó una Constituyente dizque para reformar la Constitución, y acabar con las reformas del año 36, y restablecer el oscurantismo de la Carta Política de la Regeneración, con la que abusaron durante 45 años de hegemonía conservadora. En septiembre de 1952, luego del entierro de unos policías, el Gobierno del sordo Urdaneta, que por enfermedad de Laureano había asumido el mando, permitió que fueran asaltadas la sede del Partido liberal y las residencias de los jefes liberales Alfonso López Pumarejo, quien ya había ocupado dos veces la Presidencia, y Carlos Lleras Restrepo, quien solo llegaría a este cargo en 1966. López y Lleras tuvieron que asilarse en una embajada y luego salir al exilio, que el tenebroso Gobierno de esa hora se empeñaba en calificar como voluntario. Desde su obligado confinamiento en México, los jefes liberales se volvieron incómodos para el régimen, que no toleraba la crítica porque consideraba traición a la patria que la ropa sucia no se lavara en casa, un hogar donde solo podía expresarse la militancia conservadora. Convocada en 1953 la Constituyente de bolsillo, Laureano hizo incluir en el proyecto de articulado el siguiente texto acuñado en la idea de lavar la ropa sucia en casa y sancionar a todo aquel que se atreviera a criticar al régimen. La odiosa normativa que se propuso fue esta: “Artículo 13: El Colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional, que fuere cogido con las armas en las manos en guerra contra Colombia, o que en el exterior ejecute actos que tiendan a deshonrar a la República, o que se comprometa en actividades subversivas contra el régimen interior del Estado, O QUE DE PALABRA O POR ESCRITO ATENTE CONTRA EL PRESTIGIO DE LAS AUTORIDADES Y DE LAS INSTITUCIONES DEL PAÍS, SERA JUZGADO Y PENADO COMO TRAIDOR”. Por fortuna, Laureano fue derrocado por el golpe de opinión de Rojas Pinilla, y la tenebrosa disposición que buscaba constitucionalizar la teoría de “la ropa sucia se lava en casa” criminalizando la crítica hecha desde el exterior, quedó sepultada.