Desde hace algunos meses, en forma velada, el Gobierno del Presidente Iván Duque viene aplicando el instinto animal del avestruz: meter la cabeza en la arena del desierto cuando se avecina el tornado de arena. Esto a propósito de las críticas que ha recibido el Centro Democrático –partido gobiernista– en relación a la etapa del posconflicto.

Este Gobierno, formado por limitantes contradictores abiertamente al santismo, sumado a buena parte de la población, se resistía a creer que las FARC-EP iban a dejar las armas y el negocio del narcotráfico, la explotación ilegal del oro y del basalto desde el momento en que se firmó la paz.

Pero la realidad es que durante varios lustros los colombianos vivimos en un subdesarrollo donde la miseria, el abandono del campo, las inequidades salariales y la destrucción de la naturaleza son la causa de la inconformidad social que impulsó el surgimiento de esos grupos guerrilleros y de toda clase de delincuencia organizada como las Bacrim. Es claro que jamás ningún Gobierno se ha inmutado para erradicar de raíz esos problemas que han causado una violencia histórica, argumentando que el Estado no cuenta con suficientes recursos presupuestales para atenderlos.

Sin embargo, ahora parece que si hay dinero para resolver los requerimientos que de manera forzada ha impuesto las FARC-EP. Entre su catálogo de exigencias sobresale, por ejemplo, atender de manera urgente el campo colombiano, brindando a los campesinos desplazados tierras para que las exploten económicamente mediante el otorgamiento de créditos y ayuda técnica-agrícola subsidiada; la erradicación de la pobreza que se ubica en las zonas periféricas de las ciudades; y brindar trabajo a esa población flotante que vive en la informalidad.

Resulta que después de la firma de la paz, según cifras oficiales, se han reincorporado a la vida civil más de 60 mil hombres y mujeres –aclaro, no a la vida productiva–, dedicados exclusivamente desde hace varias décadas a vivir en la selva de manera contemplativa, envueltos en la alucinante manigua de la cocaína y la marihuana; educados y adiestrados para la guerra y no para la paz, desconociendo permanentemente el Estado Social de Derecho.

Ahora, en la etapa del posconflicto, el Gobierno afirma que ellos –los exguerrilleros– deberán adecuar sus acciones y conductas al bienestar social del país. Pero esto sin duda tiene un costo y muy alto.

Algunos quieren olvidar esa horrible noche en que han estado inmersos y saldar cuentas con la justicia, mediante la reparación integral de los daños cometidos a la sociedad. Esto implica el sometimiento de los jefes del comando central, además conlleva sanciones punitivas y cárcel. Para los demás actores del conflicto, se contemplan penas alternativas, ya que no se cuenta con los recursos económicos suficientes para alimentar y sostener a esos excombatientes desmovilizados, de los cuales muchos de ellos tienen antecedentes judiciales, imposibilitando a las  empresas vincularlos laboralmente.

Esto demuestra que no es nada fácil la tarea que debe emprender desde ya el Gobierno, para lo cual debe contar con un inmenso rubro presupuestal con el fin de atender los gastos que demanda el cumplimiento de los acuerdos firmados en La Habana.

Es claro que muchos son apáticos e incrédulos de que se alcance ese anhelado propósito y cuestionan: ¿De dónde va a sacar el Gobierno tanta plata para cumplir con las sentencias proferidas en su contra, a raíz de los falsos positivos; cómo va a sostener la implementación de un tribunal especial para la paz para lograr la retractación de los jefes guerrilleros; y de dónde va a sacar para crear una unidad de búsqueda de los desaparecidos o para ampliar y construir más cárceles?

En conclusión, si no alcanza el dinero para atender tantos frentes de acción, muy seguramente volveremos a padecer la misma zozobra que vivíamos antes de la firma de la paz, porque ella se ha construido más de sueños que de realidades.

En otras palabras, los colombianos somos muy folclóricos cuando ensillamos la bestia mucho antes de comprarla.