En 1991 el entonces Presidente César Gaviria dijo en un discurso que la Rama Judicial iba a dejar de ser la rama marchita del Estado. Hacía referencia a los nuevos salarios que decretó y con los que se quiso dignificar la remuneración de los jueces y magistrados. Este reajuste salarial, tal vez el más importante en la historia de la judicatura, estuvo acompañado de otras decisiones que procuraban hacer atractivo el ingreso de los abogados al ejercicio de la función judicial. Normas transitorias que apuntaban a la descongestión de los despachos y unos nuevos perfiles para nuestros jueces, acompañadas de un sistema de elección -que se esperaba fuera transparente-, a partir de listas elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura en las que solo estuvieran los más capaces y preparados, fueron parte de la fórmula. Veinte y ocho años después es doloroso registrar que no solo no reverdeció, sino que cada día se ve más marchita. Con honrosas excepciones el perfil de nuestros jueces sigue sin ser el deseado y la corrupción se ha vuelto parte de la cultura judicial. Funcionarios que olvidan su rol de servidores y entran a la rama no para administrar justicia sino para volverse expertos en maniobras torticeras con las que llenan irregularmente sus bolsillos. Ya no existe la disculpa de las malas remuneraciones. Un juez civil municipal se gana nueve millones de pesos y un magistrado de Corte recibe casi treinta y cinco millones al mes. Tienen vacaciones remuneradas, prestaciones de ley y otras gabelas. Desde luego que podían estar mejor pagos, sobre todo los de la parte baja de la pirámide, pero si se compara con los salarios que se pagan a los abogados de firma o a otros servidores del Estado, forzoso es concluir que no están mal remunerados. Sin embargo, y a pesar de que el tema económico ha dejado de ser pretexto, llama poderosamente la atención que las universidades como el Externado aporten tan pocos egresados al servicio judicial.

No voy a incurrir en la ligereza de señalar que el buen abogado o el buen juez solo lo es si se recibe de una facultad con trayectoria. No. Buenos y malos salen de todas las facultades. Pero tampoco se puede desconocer que escuelas de derecho con menos tradición que nuestro Externado, contribuyen en mayor proporción con abogados que optan por la judicatura. Ni siquiera en las denominadas Altas Cortes la participación de las más tradicionales escuelas de derecho es mayoritaria en nuestros tiempos. ¿Cuál es la razón para la apatía Externadista hacia la judicatura? ¿Es un tema vocacional? ¿Nuestro programa no apunta a formar jueces? ¿Deberían existir dentro de las electivas más alternativas que conecten al estudiante con la función judicial? Estas inquietudes me han rondado hace unos años y cobran fuerza ahora que nuestra nueva Decana, la doctora Adriana Zapata, a quién le deseamos buen viento y buena mar desde esta tribuna, ha señalado en medios que se deben preparar abogados para el mundo de las concesiones y la infraestructura. Me pregunto si no se prestaría un mejor servicio a nuestra sociedad despertado en nuestros estudiantes la vocación por la judicatura. La facultad de Derecho de los Andes el año pasado, lanzó un programa de formación para jueces. Crecí oyendo los lamentos fundados de mis maestros por la muerte prematura de los suyos en la toma y retoma del Palacio de Justicia en ese oscuro noviembre de 1985. Me hice abogado admirando y respetando a los profesores que administraban justicia y nos instruían en la cátedra. Espero que la vida me permita ser juez permanente en algún momento de mi existencia y contribuir a la recta y cumplida administración de justicia. La Rama Judicial debe reverdecer y estar siempre en florida primavera, solo eso garantizará la convivencia pacífica de los colombianos y nuestro Externado debe contribuir decididamente en ese propósito. Tengo la sensación de que tenemos esa asignatura en pendiente.