A casi ocho meses de haberse iniciado el período de la nueva administración, inexplicablemente continúa al frente de sus responsabilidades como decana de la Facultad de Derecho, la doctora Adriana Zapata, lo que lenta y gravemente amenaza con convertirse en un problema de dimensiones insolubles.

No es secreto que la doctora Zapata, designada a dedo como decana por la anterior administración, sin haber sido jamás profesora de pregrado, ha fracasado estruendosamente en su gestión. La labor de coordinación de los diferentes departamentos en los que está dividida la Facultad, que algunos ingenuamente consideran que obedece a un supuesto federalismo con el que se disfrazó el autoritarismo administrativo, no se ha cumplido, y las consecuencias se advierten al rompe.

En efecto, la designación de un decano en Derecho se hizo urgente precisamente para que alguien con conocimiento de toda la Facultad y contando con el reconocimiento y respeto profesoral y estudiantil, pudiera liderar y encauzar los procesos de concertación en todos los departamentos y áreas. La decana Zapata nunca entendió esa prioridad y hoy la Facultad continúa a la deriva.

Esa situación está afectando la definición del pensum de la Facultad, el cual aún hoy sigue en intensas discusiones a las que por cierto nunca asiste la doctora Zapata, ignorando que tal escenario se ha convertido en el único lugar donde la comunidad profesoral con la participación de algunos alumnos inquietos está adelantando semanalmente discusiones interesantes, algunas a veces cargadas de auto elogios tan excesivos como inevitables en el siempre emocionante universo de la docencia, pero al fin y al cabo puntos de encuentro útiles en una Universidad que sigue buscando la reconciliación y el diálogo civilizado entre todos.

Pero allí no paran las dificultades, porque el desgreño administrativo de la decanatura ha sido la causa principal de que no se cuenten con las acreditaciones legales para impulsar ciertos programas. La Facultad de Derecho sigue andando por cuenta de su prestigio y tesón de sus profesores, pero es inevitable advertir que en algunos aspectos se vive un período de inestabilidad y casi que de interinidad.

Por lo demás, las difíciles relaciones personales de la decana tampoco ayudan a encontrar soluciones óptimas, lo que estaba avizorado desde que ella lideró y propuso un comunicado infamante que suscribieron varios profesores en las épocas azarosas del reinado fatídico de Henao, en el que, en supuesta defensa del respeto y la libertad de expresión, prohijaba la absurda e inmoral solución de silenciar la crítica contra el anterior Rector y su cuestionada cohorte, incluida ella misma, lo cual causó la profunda fractura que no ha podido superarse, principalmente porque ella sigue empeñada en ejercer sus funciones ignorando que su tiempo se agotó.

Tal parece que la decana Zapata ha exigido que su retiro se produzca luego de que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decida un dilatado y prolongado asunto litigioso relacionado con la mutación de su pensión, lo que no solo resulta desconsiderado con la Universidad, sino indigno en lo personal. Definir el rumbo de la institución es una acción inmediata que no puede quedar sujeta a decisiones de confusos litigios ni a la suerte de complejos recursos de casación que solo le atañen a la interesada.

Lo único claro ahora es que, mientras este estado de cosas creadas por la presencia perturbadora de la doctora Zapata en la importante oficina de la decanatura sigan como están, la Facultad de Derecho no encontrará el camino seguro para superar todos los problemas que la aquejan. Por el bien del Externado, la decana de Derecho debería dar un paso al costado inmediatamente y dejar el camino libre para que se encargue otra persona con capacidad de diálogo con todos los departamentos y estamentos profesorales y estudiantiles. De no ser así, este primer año de la nueva rectoría será recordado como la anualidad perdida.

No hay tiempo que perder.