Con la inscripción de cuatro listas se abre el período de campaña y votación que concluirá con la renovación de la representación profesoral en el consejo directivo de la Universidad para el período 2020-2022. Sí, para un bienio nada más. Lo que nos ocurrió al respecto en los últimos 22 años es una vergüenza que no se puede repetir. Todo indica, por otra parte, que la campaña se adelantará exclusivamente por internet y, así mismo, que la votación será electrónica y remota.

A riesgo de pecar por insistir tanto en ese punto, desde EL RADICAL manifestamos de nuevo que es imprescindible que se garantice un proceso electoral limpio, sin interferencia de las actuales autoridades de la Universidad (rector, secretaria general, decanos y directores de departamentos) en favor o en contra de ninguna lista, y con respeto celoso del secreto del sufragio y de la pureza del escrutinio.

Según lo advierten los expertos en informática, pocas cosas son más difíciles de garantizar que el secreto de las comunicaciones en internet y, así mismo, pocas son más manipulables que los datos que se envían por la red. Así que en esto el Externado tiene que tomar todas las precauciones para que no pueda ocurrir ninguna irregularidad y debe permitir que todas las campañas, mediante expertos contratados por ellas, pero pagados por la Universidad, tengan veedores que puedan darle a sus miembros y a la comunidad universitaria tranquilidad plena sobre la limpieza del certamen electoral. La selección misma de la empresa que se encargará de facilitar los mecanismos electrónicos de votación debe ser pública y con previo examen y aprobación por el consejo directivo de la Universidad.

De otro lado, a partir de la asamblea de profesores del próximo martes 25 de agosto se abrirá el debate sobre las candidaturas. El sentido de esa asamblea es comenzar a escuchar a los candidatos y candidatas. La comunidad académica está ávida de conocer sus propuestas para el futuro de la Universidad. A propósito, muy pocas mujeres en esas listas y todas ellas en renglones secundarios o en suplencias. Incluso hay una lista que no incluyó a ninguna mujer entre sus seis candidatos principales. ¡Vaya decepción! Pero también llama la atención otra, integrada en exclusiva por profesores de derecho y con cinco varones como candidatos principales, en la cual la directora del departamento de Derecho Constitucional, el más numeroso y con el grupo doctoral más reconocido de la Facultad, fue ubicada como suplente del sexto y último renglón. ¡Curioso mensaje a ese grupo de docentes!

En fin, es menester recordar que la próxima asamblea de profesores es para escuchar a los candidatos y no tiene como finalidad recibir un supuesto informe de gestión rectoral que, en ese escenario y en este momento, sin duda tendería a favorecer las listas predilectas de la actual administración. Si el rector por fin ha decidido rendir cuentas, aquí, en esta edición de EL RADICAL, podrá encontrar un instructivo sobre cómo hacerlo, de modo que no confunda una puesta en escena un tanto teatral sobre el número de estudiantes y de libros publicados (en estos ocho años largos ya hemos visto varias veces esa representación) con una genuina rendición de cuentas, que debe ser escrita y con posibilidad de contrastar la información oficial.

Por lo demás, si ya al final de su período el rector ha decidido rendir informe sobre su gestión, debería contarle a la comunidad universitaria por qué y para qué, apenas diez días después de haber asumido su cargo, le otorgó un poder general para el manejo de la Universidad a la secretaria general, y al informar sobre ello haría bien en manifestar si obtuvo autorización del consejo directivo para proceder de ese modo, si a su criterio los estatutos de la Universidad, con sus reformas, le permitían delegar en términos así de amplios la dirección docente, económica y administrativa de la Universidad y cuáles han sido los actos de la apoderada en ejercicio de esa entrega sin reservas del manejo de la Universidad.

En esta edición de EL RADICAL se puede consultar una imagen facsimilar del referido poder, otorgado en una notaría de Bogotá.