Desde esta misma columna de EL RADICAL hemos denunciado la falta de garantías que rodea el certamen electoral convocado, por fin, para finales de septiembre, en el que se renovará la composición del consejo directivo de la Universidad. En especial, hemos advertido que no es conveniente la delegación a la Secretaria General de todas las funciones relacionadas con el censo de votantes, la inscripción de candidaturas, la organización de la jornada de votación y el escrutinio de los votos, por los intereses específicos de esa funcionaria en mantener “la ley del silencio” de la que ella misma ha sido protagonista en esta administración, así como su obstinación en impedir cualquier modificación sustancial al funcionamiento actual de la institución. Dado que habrá una lista de candidatos que cuente con la preferencia rectoral y de la Secretaria General, eso descalifica a ambas dependencias para organizar las elecciones. La Universidad necesita un proceso electoral serio, transparente y pulcro.

Debemos anotar que se agrega una nueva preocupación, consistente en la garantía del secreto del voto y de ausencia de manipulación de los resultados, ante la inminencia de una votación a distancia y por medios informáticos, pues la experiencia indica que cualquier previsión es poca si se trata de mantener la pureza de las elecciones cuando se utilizan mecanismos electrónicos de voto. No puede ser que la dependencia de informática de la Universidad se encargue de eso: esa oficina apenas si va de tumbo en tumbo con los registros académicos y la enseñanza virtual, pero, además, depende directamente de la Rectoría y de la misma Secretaría General.

Habrá que contratar alguna empresa externa seria, experimentada y transparente para que se encargue de la votación y el escrutinio. La contratación de esta debe ser pública, de cara a toda la comunidad universitaria, con posibilidad de control e interventoría efectivas sobre todos sus procedimientos, con la participación de ingenieros de sistemas y expertos en informática independientes, contratados a propuesta tanto de las listas de candidatos como de los electores. Si ello es así, las elecciones podrían salvarse y salvar al Externado de su actual deriva, y para ello desde aquí sugerimos tres ideas para el debate que se viene:

1. Entre los candidatos no deben estar ni el Rector ni ninguno de los actuales decanos o directores de departamento. La razón de esto es sencilla: son ellos quienes contratan a los profesores, establecen las cargas académicas y definen la permanencia de los mismos en la Universidad. Su presencia en las listas sería una burla a la igualdad entre aspirantes. Adicionalmente, no conviene que en el consejo directivo de la Universidad haya decanos o directores de dependencias académicas, tanto por razones de jerarquía institucional como de transparencia en la rendición de cuentas.
2. Sean cuales fueren los resultados electorales, el Rector y la Secretaria General deben poner a su disposición sus cargos ante el nuevo consejo directivo en cuanto el mismo se instale, para proceder a la necesaria reorganización administrativa y financiera de la Universidad. Sería conveniente que del mismo modo procedieran los Decanos y Directores de Departamentos.
3. El debate electoral debe estar exento de mentiras, falacias ad hominem, matoneo a las candidaturas independientes y descalificación de la crítica con las muletillas insustanciales pero insidiosas de “atentar contra la institucionalidad” o “tener intereses particulares”. La institución es fuerte si puede debatir abiertamente sobre su situación actual y sus retos, y evidentemente, todos los candidatos y candidatas tendrán el interés particular de ganar las elecciones y de influir en la marcha de la Universidad.

EL RADICAL ofrecerá sus páginas y su aliento para quienes se comprometan con estas ideas y contribuirá con su grano de arena para intentar que las próximas elecciones no sean un nuevo elemento de frustración y decepción de la comunidad universitaria.