Democratizar es fácil, siempre que quien esté interesado en hacerlo tenga claro que para ello basta solamente el propósito de crear canales seguros de expresión donde convivan todas las tendencias ideológicas. Eso es lo que buena parte de la comunidad externadista espera del Externado, más ahora que ya la Universidad no se reduce solamente a la facultad de derecho, sino a otras disciplinas todas igualmente pujantes. El Rector, Juan Carlos Henao, califica su labor como “continuismo ascendente”, expresión sin duda sugestiva.

Nadie, por supuesto, está interesado en desconocer lo logrado no solo en la rectoría del doctor Fernando Hinestrosa con el apoyo de docentes y estudiantes, sino también en la de su padre, el maestro Ricardo Hinestrosa Daza, y las de los inolvidables Diego Mendoza Pérez y Nicolás Pinzón Warlosten, pero los tiempos que corren no aconsejan manejar ninguna administración universitaria como un albaceazgo. Cabe preguntarse si dentro del propósito de democratizar, el mejor camino es el cuestionario enviado a los docentes para que lo respondan dentro del trámite de satisfacer las exigencias para la acreditación de la facultad de derecho, y si además garantiza a los profesores e investigadores que absuelvan el interrogatorio que su permanencia o estabilidad laboral no correrá riesgos de pronunciarse sobre aspectos que no coincidan con los planes de las directivas de la Universidad. En el aludido cuestionario se preguntan, por ejemplo, entre otras cosas si el encuestado conoce “el Régimen Profesoral de la Universidad” o el “Reglamento Interno de Trabajo de la Universidad”, que en honor a la verdad hoy nadie conoce. Igualmente se indaga si en opinión de quien responde, la Universidad cumple con “los siguientes principios y valores expresados en su Misión” de “El espíritu liberal y el ideal de libertad”, “La concepción humanística”, “La filosofía pluralista”,  “La tolerancia dentro de la heterogeneidad”, “El respeto por la diversidad”, “El respeto por los Derechos Fundamentales”, puntos neurálgicos que deberían haber sido planteados en otro escenario, en el que quien responda tenga la seguridad que lo puede hacer sin que se conozca su identidad, cosa que en el caso de la acreditación no se garantiza. Si un docente o investigador responde que no hay tolerancia dentro de la heterogeneidad, ni respeto por la diversidad, nada asegura que tales posturas quedarán en el anonimato, ni que se generen represalias. Lo mismo puede ocurrir con las preguntas encaminadas a establecer si “Los criterios y mecanismos para la selección, vinculación y permanencia de los profesores son transparentes”, o si “La elección de representantes de los profesores a los órganos directivos es imparcial” o si “La ubicación, permanencia y promoción en la carrera profesoral son coherentes con el Estatuto Profesoral”, o si “La evaluación del desempeño profesoral se aplica con transparencia y rigurosidad” o si “ El régimen disciplinario se aplica con rigurosidad” o si “Los méritos académicos y profesionales inciden en la remuneración”. No se necesitan grandes esfuerzos para averiguar que quien quisiera responder francamente estos interrogantes sin ahorrase problemas, no lo hará si teme que sus posturas pueden trascender y ser conocidas por sus superiores. Mediante este procedimiento de indagación, es probable que la Universidad obtenga unas magníficas encuestas que la dejen tranquila sobre su democratización, pero que no convenza al resto de la comunidad. Tampoco se democratiza una Universidad reviviendo calculadamente una Asociación de sus exalumnos que irrumpe calculadamente en el panorama no propiamente para pedir democratización, sino como bastión de aplauso y como mecanismo para silenciar a todo aquel que no piense igual.