Desde hace varios años se viene hablando en el Externado de la necesidad de un estatuto docente, a lo cual se agrega, al menos en su Facultad de Derecho, una discusión ya envejecida sobre la reforma de su plan de estudios. Si se trata de propuestas serias, entonces es necesario aprovechar esas dinámicas para decidir qué lugar va a ocupar en el quehacer profesoral la docencia (o enseñanza) y cuál va a ser el de la investigación, lo cual, por lo demás, significa nada menos que definir el perfil futuro de la Universidad. Admitamos que hasta ahora el Externado ha sido una institución profundamente profesionalizante, que por tanto los docentes hemos estado volcados hacia la enseñanza, y que la investigación científica no ha sido nuestra seña de identidad. Admitamos también que esa labor profesionalizante ha sido históricamente exitosa: los egresados del Externado han gozado de reputación como buenos profesionales, entre nuestro personal ha habido siempre catedráticos sobresalientes y afamados, y las aulas de nuestra montaña siempre han estado repletas de estudiantes que, en general, quedan satisfechos con la formación que reciben. Desde que yo conozco al Externado lo que se reconoce es la docencia, lo que se remunera es la docencia y lo que se evalúa es la docencia. Y según muchos indicadores, eso históricamente ha funcionado bien.

Tal vez sea lo anterior lo que nos ha llevado a darle un papel secundario a la investigación, respecto de la cual no hay una política institucional acertada para su fomento. Las autoridades de la Universidad han considerado que la investigación es un apéndice de la docencia, se han negado a admitir que es costosa (y que la remuneración del investigador es sólo uno de sus rubros), que sus resultados no son inmediatos y por tanto no se pueden medir en ciclos semestrales o anuales (tal vez tampoco en términos individuales), y que en las ciencias sociales la investigación nunca ha tenido, en general, el reconocimiento del que sí goza en otras áreas del conocimiento. Esta situación personalmente la percibo como un bloqueo institucional a la investigación, pero en los tiempos más recientes, lo que hemos visto es que las autoridades de la Universidad simplemente han incorporado una especie de mantra regañón en sus exposiciones ante los profesores, a los que ritualmente nos reprochan que los productos de investigación son escasos y de poca relevancia. ¿Escasos respecto de qué? ¿Del número de horas de clase impartidas? ¿De su contribución a las finanzas de la Universidad? ¿Poco relevantes según qué parámetros? ¿Los de las ciencias exactas? Por fortuna las cosas parecen comenzar a aclararse, o al menos eso puede deducirse de una reciente reunión entre la Decana de la Facultad de Derecho y el cuerpo docente del área de Derecho Constitucional. Allí quedó en evidencia que no se trata de que los profesores estén desentendidos de la investigación, sino que han hecho, y muy bien, precisamente lo que la Universidad históricamente ha fomentado: enseñar Derecho; y como apéndice se han ingeniado lo mejor que han podido para ofrecer resultados de investigación. Todo esto sin un fomento adecuado para esa actividad, que comienza por la inexistencia de metas y planes concertados, y de una muy errada decisión de la administración, en virtud de la cual a los proyectos de investigación no se le destinan fondos económicos específicos. Seamos serios: la investigación científica no se impulsa manipulando miedos o sentimientos de culpa entre los investigadores y la Universidad no puede esperar que por un cierto arte de magia, sin ningún esfuerzo institucional, lluevan consultorías, indexaciones, patentes, equipos científicos y resultados, en fin, como los que la docencia sí le ha reportado gracias a todo lo que hizo para llegar a ese lugar.