En la pasada asamblea de profesores de nuestra Universidad el señor rector, Hernando Parra Nieto, ofreció muy generosamente un informe sobre los primeros días de su gestión. Llamó mucho la atención de todos los participantes la información sobre el déficit financiero que, por culpa de la derrochona administración anterior, hoy tiene que afrontar nuestra casa de estudios. Mucho valdría la pena conocer en detalle las causas de ese déficit, así como las omisiones que llevaron a ese desastre económico; por suerte la Universidad hoy cuenta con un rector que no solo es experto en temas financieros, sino en quien muchos tenemos plena confianza para manejar esa difícil situación. Ahora bien, imagino que son muchas las situaciones poco claras y hasta irregulares que se han venido conociendo en este corto periodo de la nueva administración y que deberíamos saber, por ejemplo, en los temas de personal, de favorecimientos a ciertos profesores y administrativos, de becas a dedo y hasta de contratos con cercanos o hasta familiares de políticos. No obstante, en este espacio deseo comentar y preguntar por la política que durante los últimos años se tuvo en materia de informática.

Lo primero que valdría la pena saber en detalle es el presupuesto destinado durante los últimos años para los temas de informática de la Universidad, en especial los años 2016 y 2017. La información con que contamos nos muestra que se trata de cifras elevadas y muy significativas, referidas especialmente a jugosos contratos con empresas privadas y proveedores que hasta habrían pagado viajes a directivos y sus familias (¡vaya amplitud!) para obviamente recibir el favorecimiento en la selección para la prestación del servicio (softwares); ya en otra columna comentamos en EL RADICAL sobre esos viajes y sobre las personas que han pisado tierras lejanas patrocinadas por la misma Universidad y los contratistas. Estamos trabajando sobre la red de contratistas cercana a quienes manejaron estos temas durante la administración anterior; al parecer hubo toda una feria, pues lo pagado no estaría acorde con los precios del mercado y así otras perlitas.

Igual de interesante sería saber a ciencia cierta si lo que fue derrochado en informática se invirtió en programas y herramientas que en verdad eran necesarias y que han servido y ofrecido utilidad para el funcionamiento de la Universidad. Según información con la que contamos ha sucedido todo lo contrario. Al parecer la Universidad compró muchas licencias para correos electrónicos que cuestan una fortuna anual, para una comunidad universitaria que escasamente llega a los 16.000 integrantes. Incluso se nos ha dicho que Microsoft informó que un gran porcentaje de correos licenciados no se usan hace cinco años. Lo mismo habría ocurrido con los softwares académicos, sobre todo para posgrados (BANNER, SAP, etc.), mucho se habría invertido y muy discutible ese funcionamiento.

Apenas inició la pandemia del COVID-19 el desafío para la Universidad en materia de plataformas para reuniones fue enorme; todos nos pudimos dar cuenta que la Universidad no estaba preparada para semejante emergencia, mientras que otras Universidades tenían a disposición modernos sistemas informáticos de los que nosotros solo nos podíamos asombrar. Se adquirieron licencias, se habla de 15.000, de la plataforma Zoom que, como sabemos, cuestan muchísimo, cuando lo recomendado habría sido solo 2.000 de ellas, pues solo son los profesores los que organizan reuniones virtuales, las clases, cuando los estudiantes solo participan de ellas y no las organizan. 

Hoy cuando sabemos que la Universidad afronta un déficit de semejantes proporciones valdría la pena preguntarnos si este derroche informático ha contribuido a ello. La respuesta la intuimos.