Hace alrededor de veinte años un trío de notables sembró la idea de desarrollar en Colombia un programa académico que contribuyera de modo específico al mejoramiento de la compleja situación de derechos humanos que se vivía en el país y que a la vez fomentara una colaboración recíproca entre estudiosos de dos instituciones que por varias razones parecían llamadas a hermanarse. Los notables eran Fernando Hinestrosa, Gregorio Peces-Barba y Luis Villar Borda; las instituciones: el Externado y el Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Esa idea cristalizó en un convenio de intercambios académicos que ha dado varios frutos y en un ambicioso programa de Maestría en “Derechos Humanos y Democratización”, que se ha impartido sin interrupción en Bogotá desde el año 2006 y que es homologable al título oficial que le permite a sus egresados continuar con su doctorado en Madrid, si así lo deciden. Se pactó que el programa estuviera codirigido por ambas instituciones en condiciones de igualdad y que la movilidad de profesores fuera recíproca. Los primeros codirectores fuimos Miguel Ángel Ramiro, por la Carlos III, y quien esto escribe, por el Externado. Todos los que hayan gestionado programas académicos saben lo dispendioso que es diseñar un plan de estudios que luego hay que someter a mil trámites burocráticos, licencias estatales, solicitudes de financiación, y luego presentarlo ante una comunidad académica que por definición es escéptica y crítica.

Todo eso se hizo con éxito, en tándem, y la criatura comenzó a andar. Recuerdo que para las primeras promociones de la maestría requerimos de subsidio por parte de la cooperación española, ya que la movilidad de profesores acarreaba unos gastos para los que eran insuficientes los fondos de las matrículas, pero a partir del tercer año la maestría ya superó esos puntos de equilibrio y se pudo sostener sin acudir a financiación externa. Recuerdo también que cuando el proyecto comenzó a dar sus primeros frutos académicos, para sorpresa de quienes lo gestionábamos comenzó también a dejar excedentes económicos, y la Universidad Carlos III renunció a ellos en lo que proporcionalmente podía corresponderle. Aún me produce viva emoción la evocación de las reuniones de los equipos de profesores, españoles y colombianos, comprometidos sinceramente en el diseño del mejor programa curricular posible para cada curso, pendientes de las variaciones que convenía introducirle, en un ambiente académicamente riguroso pero también fraternal, francamente empeñado en poner nuestro grano de arena profesional en la mejora de nuestro sistema político y de convivencia. Recuerdo también, con iguales sentimientos, las “Semanas de Maestría” en las que, mes tras mes, viajaba a Bogotá un profesor desde Madrid (a veces varios) a compartir cátedra con los nuestros frente a los estudiantes. Por supuesto, en mi memoria también están las clases que los nuestros impartieron en Madrid, porque el programa era en todo bilateral. No tengo la menor duda de que el programa ha sido útil a nuestra sociedad. Algunos de sus egresados han colaborado luego activamente en la construcción de nuestra paz, ya sea desde las instituciones que tuvieron a su cargo la negociación con la antigua guerrilla de las Farc o luego en su fase de implementación. Otros han ingresado luego al poder judicial, lo que ha hecho visible la huella de la maestría en la jurisprudencia (en numerosas ocasiones con citas explícitas a los textos de los profesores), otros, en fin, decidieron continuar la carrera académica en Madrid. Por todo ello y por otras razones que callaré, me impactó que nuestro Externado decidiera hace unas semanas, de modo unilateral, sin haberlo conversado con nuestros aliados, dar por terminados tanto el programa de maestría como el convenio con el Instituto Bartolomé de las Casas de la Carlos III. Es posible que el programa requiriera de un nuevo remozamiento, o de alguna transformación en sus objetivos, y estoy seguro de que si el Externado hubiera manifestado sus nuevas propuestas, se habrían podido pactar las modificaciones. Pero no fue así. Simplemente la Universidad le notificó a la Carlos III que el programa no se renueva y le agradeció sus servicios. Sinceramente, colegas del Externado, así no se trata a un socio leal, comprometido y persistente, que además (y esto no es común) nos había tratado como iguales. Esta lamentable noticia me ha hecho pensar en lo errado que es considerar que los logros del presente son irreversibles. A pesar de nuestro discurso de profesores sobre la rigidez jurídica, la progresividad y la fuerza normativa de las cláusulas de derechos humanos, lo cierto es que su permanencia no está garantizada ni resulta obvia ni consolidada. La democracia colombiana todavía dista enormemente de ser plenamente eficaz y tenemos grandes desafíos en la edificación de un régimen satisfactorio de derechos humanos, pero en vez de avances son retrocesos lo que está al orden del día, como se puede ver tanto en la política como en la Universidad. Mil gracias a todos los estudiantes que desde el año 2006 confiaron en nuestra oferta académica: su formación profesional fue siempre la razón principal del programa; mil gracias a los colegas y amigos españoles que con devoción venían a Bogotá mes tras mes: sus semillas han dado frutos y seguirán dándolos; mil gracias a Miguel Ángel Ramiro, Javier Ansuátegui y María del Carmen Barranco por su compromiso con los derechos humanos de los colombianos y por su fraternidad generosa: sus amistades quedan para siempre y su talante ya está en nuestro corazón. Mil gracias, en fin a esos tres grandes, Hinestrosa, Peces-Barba y Villar: menos mal no están aquí para pasar esta vergüenza.