Se avecinan las elecciones, tantas veces postergadas, para renovar el Consejo Directivo de nuestra Universidad Externado. Por lo que hace a la representación profesoral en el Consejo, este ejercicio, que debería formar parte de la rutina universitaria, se ha vuelto excepcional, casi que inaugural, pues hace ya más de veinte años no se convoca un certamen de este tipo.

El evento tiene además un punto de partida que no es deseable en ninguna democracia: la ausencia de reglas electorales previas, que no susciten sospechas de haber sido elaboradas ad hoc, con algún efecto distorsionador que tienda a premiar o a castigar a alguna candidatura. Ello le impone un deber especial de transparencia e imparcialidad a quienes diseñen tales reglas, de modo que el resultado de su trabajo garantice una participación amplia, en condiciones de libertad e igualdad, con reglas neutrales, suficientemente conocidas y reconocidas, que conduzcan a una genuina representación proporcional, pues sólo así el órgano resultante gozará de legitimidad institucional para asumir sus funciones. La participación debe ser la más amplia posible. Para ello, no sólo debe garantizarse el derecho a votar con entera libertad a todo el cuerpo profesoral; también se debe permitir la presentación de candidaturas sin requisitos adicionales a la antigüedad establecida en los estatutos de la Universidad. Las reglas que establezcan restricciones o inhabilidades deben ser muy excepcionales y tener un fundamento prácticamente consensuado. De lo contrario, esas reglas tendrán que soportar tachas por excluyentes y sesgadas. Ojalá se presenten múltiples candidaturas: la riqueza intelectual de la Universidad se reflejará mejor en su órgano de gobierno mientras más abierto sea el debate. Ese debate debe estar rodeado de garantías de libertad, deliberación suficiente, neutralidad de las autoridades e igualdad entre las candidaturas. El acceso a la información institucional para presentar las propuestas debe estar plenamente garantizado a todos, así como la posibilidad de difundir esas propuestas entre el cuerpo profesoral, sin privilegios para ninguna lista. Por último, el resultado de la votación debe conducir a una representación proporcional que refleje, del modo más fidedigno posible, la decisión de los sufragantes. Existen múltiples sistemas conocidos de recuento de votos y asignación de escaños. Dentro de ellos, se suele reconocer que la circunscripción universal y el sistema de cociente electoral y mayor residuo contienen las reglas más neutrales de representación: son las que en mejor modo garantizan la igualdad del voto. Además, por ser reglas conocidas en nuestro país, no despiertan suspicacias de favorecimientos indebidos. Por el contrario, la creación de circunscripciones especiales, o de cuotas fijas o mínimas de representación, siempre contienen un sesgo que distorsiona la decisión democrática para favorecer o desestimular a algún grupo específico. Por tanto, esas normas especiales deben ser también muy excepcionales, suficientemente justificadas, y en verdad, resultan desaconsejables si se está ante la inmediatez de una elección determinada, que es el caso que nos ocupa. A pesar de la fragilidad que supone la ausencia de reglas previas, tenemos una situación muy favorable para el funcionamiento de cualquier gobierno democrático: la lógica de la igualdad. Todos los profesores del Externado somos personas libres, que por igual le entregamos lo mejor de nuestras mentes a las generaciones de jóvenes que llenan nuestras aulas; entre nosotros no hay jerarquías, ni reconocemos mesías ni personalidades sobrenaturales. Somos profundamente racionales y estamos en capacidad de informarnos bien sobre lo que está en juego. En fin, nos enfrentamos a la posibilidad de darle un ejemplo a nuestra sociedad de un ejercicio democrático de buena calidad, enaltecedor, que nos enorgullezca como colectivo y proyecte la Universidad Externado hacia lo mejor. Ojalá no lo desperdiciemos.

Nuestra Universidad Externado necesita apostarle a la transparencia si quiere mantener (¿o recuperar?) el lugar que ha ocupado en la conciencia crítica del país. Más allá de una obligación legal, la transparencia es un presupuesto para el Gobierno democrático de la institución, una buena práctica de gestión que la fortalece, genera confianza y compromiso entre los miembros de la comunidad académica y ubica a la universidad, en el contexto de la sociedad colombiana, como una institución privada ejemplar, seria, cristalina, sin dogmas ni secretos, dedicada al fomento de las ciencias sociales y a la formación de los mejores profesionales.

La transparencia no puede ser vista como un límite a la autonomía universitaria ni como una carga para incomodar a sus autoridades. Por el contrario, la transparencia es imprescindible para que los universitarios podamos tomar decisiones autónomas, pues sólo a partir del conocimiento de aquello con lo que la universidad cuenta, puede planearse su futuro. Como corolario, sin transparencia, no hay posibilidad de realizar la autonomía universitaria. Por otra parte, la transparencia de una institución como el Externado refuerza sus vínculos con la sociedad, una sociedad como la colombiana que está urgida de reconocerse en instituciones que, precisamente por su independencia, su tradición de libertad y de rigor, puede servirle como faro y punto de encuentro en la coyuntura actual tan desasosegada de su vida política. Comportarse ante los reclamos de transparencia con menosprecio y con lógica empresarial destruye la esencia de la universidad como institución para el cultivo del pensamiento crítico y como entidad sin ánimo de lucro, que surgió y se mantiene, no está de más recordarlo, por la decisión de unas personas independientes, decididas a desarrollar actividades académicas y científicas en un ambiente de libertad, de laicidad y de igualdad entre ellas. El manejo de los recursos del Externado no debe despertar suspicacia alguna, así como tampoco los motivos de las decisiones sobre la dirección de las distintas facultades, el número de estudiantes y de profesores, sus calidades, las políticas de empleo y hasta el manejo de la infraestructura de las sedes. La opacidad siempre generará desconfianza y sospechas, que no se acallan con erráticos golpes de autoridad. Existen varias organizaciones, en Colombia y otros países, dedicadas a luchar por la transparencia universitaria, algunas de las cuales proponen índices de medición, incluso para Instituciones de Educación Superior privadas. La información de las universidades, a la luz de estas organizaciones, debe ser visible, accesible, integral y actualizada, y debe contener datos verídicos sobre aspectos como el número de trabajadores, el perfil de los profesores y las distintas escalas salariales, los principales resultados de investigación, el número de estudiantes matriculados en cada programa académico, los resultados académicos, los canales de comunicación con los alumnos, la información completa sobre becas y ayudas económicas, el presupuesto con información desglosada sobre sus ingresos y gastos, los estados financieros, la memoria de las cuentas y los informes de auditoría externa. Sólo con la publicidad de esta información, que en los modelos de transparencia debe ser incluso de libre acceso en el sitio de Internet de la institución, se hace posible que la propia universidad determine en qué materias y en qué proporción se invierten sus recursos, así como qué tan ambiciosos pueden ser sus planes de investigación hacia el futuro, o cómo fortalecer sus programas académicos. La opacidad es un disvalor para la universidad, pues sugiere y propicia un ambiente oscuro de gestión, así sus encargados actúen de buena fe. La transparencia nos permitirá actuar a plena luz. Post tenebras spero lucem.