Si hay algo urgente y necesario para incluir en la compleja agenda rectoral, es lo relativo a la organización de una vez por todas de las evaluaciones que la universidad realiza esporádicamente entre los estudiantes para medir el rendimiento de los profesores. Este es uno de los temas que deben ser banderas para la nueva administración, pues además de definir cómo, cuándo y entre quiénes han de hacerse las evaluaciones, es preciso, para garantizar el derecho de defensa de los docentes, definir las consecuencias que se deriven de una deficiente o afortunada evaluación.

En efecto, con mucha timidez el Externado se ha ido aproximando al sistema de evaluar los profesores, no siempre con el mismo rasero. A eso se agrega que ni los estudiantes ni los profesores saben quién o quiénes orientan tales encuestas, cuáles son las experiencias de quienes organizan los cuestionarios, cómo se recauda de manera segura la información, cuáles son las indagaciones que se plantean, a partir de qué número de estudiantes consultados se considera que una encuesta es confiable, y lo que ni siquiera se ha ensayado a preguntar: ¿ha habido un solo profesor que haya ascendido en el confuso escalafón profesoral o que haya sido excluido de la Universidad, por cuenta de estas evaluaciones. La respuesta es no.

La verdad es que, en el período de Juan Carlos Henao, las evaluaciones dieron la sensación de estarse manejando con un mezquino aliento de perseguir a aquellos profesores que no comulgaban con esa nefasta dirección de la Universidad. Las encuestas solían hacerse delante de un exiguo grupo de estudiantes, al parecer para provocar una medición adversa o no tan favorable a ciertos profesores, mientras, por otro lado, el sistema de recolección de la información sufría convenientes modificaciones que favorecían a quienes gozaban del beneplácito de la secretaria general y de la caótica decana de la Facultad de Derecho.

Hay que decirlo con claridad, mientras la decana de la Facultad de Derecho siga siendo la doctora Adriana Zapata, no solo no habrá garantías para toda la comunidad docente, sino que la reconciliación en la que se ve empeñado al rector Parra Nieto, será una quimera. Para esta empresa de las evaluaciones profesorales, la actual decana no tiene las competencias ni la credibilidad para liderar ese delicado proceso, que debe ser absolutamente transparente y confiable.

En efecto, la Universidad debe disponer de un sistema seguro y conocido por todos, estudiantes y docentes, que garantice que las mediciones profesorales no se van a utilizar como instrumentos de descrédito. Para ello es necesario definir un número porcentual mínimo de encuestados que debe participar de una encuesta o medición a cada profesor, que no sea inferior al 70% de cada curso. Ese sistema de encuestar a 10 o 20 personas en cursos de 180 o 200 es notoriamente errado, injusto y desigual. Asimismo, es necesario definir con suficiente antelación, al inicio de cada semestre cuándo tendrán lugar tales mediciones. De igual modo, debe integrarse un comité de expertos donde tengan asiento estudiantes y profesores que puedan participar en la elaboración de los cuestionarios sometidos a los alumnos.

La decana Zapata adolece de las competencias para liderar este proceso, por la sencilla e invencible razón de que su recorrido como docente en el pregrado es bastante pobre, por decir que ninguno. Ni ella conoce a los estudiantes en su desempeño como tales, ni estos la han visto desempeñarse en faenas como docente, que es en donde se construyen los prestigios que no pueden destruirse por nada ni nadie, menos con comunicados infamantes y denigratorios.

No puede ser que los evaluadores del rendimiento profesoral, por sí y ante sí, decidan qué preguntan, cuándo, respecto de cuáles profesores, ni tampoco qué número de estudiantes es el llamado para definir si un profesor es bueno o malo. Y no puede suceder en una Universidad liberal, en el mejor de los sentidos de la expresión, que nadie sepa quién nombra ese Comité, quiénes lo integran, con cuáles criterios orientan las preguntas, si sus miembros manifiestan o no causales de impedimento o sin son recusables por estudiantes o profesores.

Y lo otro que es también necesario definir son las consecuencias de una mala o buena evaluación. Un profesor que luego de varias mediciones registre que sus estudiantes en porcentajes superiores al 50% lo descalifican, le está llegando la hora del retiro. No así, a aquel docente que en un procedimiento transparente concita la aprobación colectiva del alumnado.

Llegó la hora de hablar en serio y para siempre de este espinoso tema que nos hará más competentes y más libres.