En lo relativo a su Gobierno, la Universidad Externado de Colombia ha tenido en los últimos cincuenta años dos etapas bien definidas. En una primera, que se inició en 1963 y se prolongó hasta el 2012, bajo la dirección del maestro Fernando Hinestrosa, todo el poder se concentró en él, quien dada su capacidad, formación y responsabilidad, llevó a la institución al más alto nivel de reconocimiento en el orden nacional e internacional. Más que del protagonismo que el país le reconocía, se dedicó en especial a los asuntos internos de la Universidad, lo que le facilitó los buenos resultados. Luego de su fallecimiento y el vacío de poder que dejó, se inició una segunda etapa con la rectoría del Doctor Juan Carlos Henao, momento a partir del cual se han debido iniciar los cambios requeridos, pero que no se han dado, quizá no solamente por la falta de voluntad política, sino también por el desorden y la ausencia del liderazgo al que estábamos acostumbrados.

Llegó el momento en el que toda la Comunidad Externadista se debe ocupar del futuro de la institución debatiendo los temas en procura de la democracia y la transparencia, bases del respeto y del reconocimiento institucional. Como ya se anuncia la retrasada y esperada elección de un nuevo Consejo Directivo, se requiere que su nombramiento se haga dentro de la mayor transparencia y respetando a plenitud las reglas del juego democrático. Además de lo anterior, las reformas se deben orientar en el sentido de dotar a este selecto grupo de la debida independencia y autonomía dentro de los límites de los estatutos, de la ley y de la constitución Nacional, de manera que no se vuelvan a presentar acontecimientos como los que se sucedieron con la reelección del actual Rector, como la reiterada aprobación de las cuentas y la del reglamento para la entrega de la información contable y de las actas del mismo Consejo. En efecto, varias de esas mayorías se obtuvieron con el voto de directivos que a su vez tienen un status con una remuneración mayor a la de cualquier docente, creándose un nivel de dependencia del Rector que es inocultable. Su reelección se hizo ajustando mayorías con el voto de dos decanos y de un director de departamento, sin dar lugar a un amplio debate en donde hubieran podido participar formalmente otros candidatos. Sin tener en cuenta que es al Consejo Directivo a quien corresponde dar el visto bueno de las cuentas que le presenta el Rector, no las ponen previamente a su disposición, sino que con los mismos impedimentos el Consejo aprobó que para poder cumplir con cualquier pedido de información por parte de un directivo, la solicitud debe ser sometida a la aprobación del mismo Consejo. Con esas mismas mayorías aprobaron que si un directivo solicita copia de las actas de las reuniones, tan solo le suministran la parte pertinente a sus intervenciones, desconociendo el legítimo derecho que se tiene para acceder a la memoria integral de las reuniones de cuyo cuerpo es parte. Se presentaron propuestas en sentido contrario, pero en ningún momento fueron controvertidas. No obstante que los directores de departamento y los decanos miembros del Consejo Directivo son ordenadores del gasto en la práctica, ellos terminan avalando sus propias cuentas. Entendemos que para el nuevo Consejo Directivo que se elija se deben tener en cuenta entre los varios aspectos, los siguientes: que quienes tengan cargos administrativos en la institución no puedan hacer parte del mismo, y que a su salida tampoco puedan llegar a ellos; que toda política de inversiones de la Universidad sea previamente sometida al estudio y aprobación del Consejo; que este a su vez decida las grandes orientaciones que determinen el futuro de la institución; que el mismo pueda definir la independencia que debe mantener el Externado hacia los gobiernos de turno; y que sea el mismo Consejo Directivo el que establezca el reglamento de becas y los diversos escalafones en la Universidad.