Estudiantes y profesores hemos sobrevivido a este durísimo período de la pandemia, que no solo marcó la necesidad de trabajar virtualmente, sino que fue testigo del cambio de administración en la Universidad, al menos en lo que tiene que ver con el nuevo rector.

Tal vez el más sorprendente hallazgo de estos tiempos inciertos fue asistir a las mediciones de diferente índole que no arrojaron resultados halagüeños para la Facultad de Derecho. Son muchos los exalumnos que, con razón, están dolidos de leer esas noticias, y son reiterados sus llamados y reclamos indagando por lo que está pasando. No son los únicos, también en los pasillos de la Universidad hay zozobra, porque por primera vez en la historia nuestra centenaria y reputadísima Facultad no está en los puestos de comando.

La planta docente de la Facultad sigue estando en las mismas manos que hicieron posible el reconocimiento nacional e internacional de antaño. Si eso sigue siendo así, es urgente detectar cuál es el detonante de esta penosa situación que nos impone acuartelamiento de primer grado a quienes tenemos la responsabilidad de responder por la excelencia académica y el buen nombre de la Universidad.

Si nuestros estudiantes que han rendido pruebas han tenido malos resultados en esas evaluaciones, a no dudarlo no son ellos los únicos responsables. Hay algo allí estructural que amerita revisión urgente. En mi opinión, el sistema de evaluación impuesto a la brava y violando el principio de la libertad de cátedra, según el cual los exámenes finales no comprenden una rendición de todas las materias sino apenas de lo visto en clase desde el último parcial, constituye un elemento extraño y desconocido que puede explicar lo que está aconteciendo. Por fortuna, a partir del próximo semestre será restablecida la presencialidad y muchos esperamos que sea abolida esa odiosa y arbitraria regla de obligar al profesor a indagar como examen final lo que le parece a una decana que jamás ha sido profesora en pregrado.

Pero hay más. Es necesario precisar si las mediciones que se hacen de las facultades de Derecho se realizan de manera igual para todas, o si, como algunos lo reclaman, se están convocando cuidadosamente para que universidades de reconocido prestigio como la nuestra tengan mal suceso, sin importar que se perpetren atropellos. A la Universidad le ha llegado la hora de participar activamente en el diseño de la estructura y metodología de estas mediciones, para asegurarse de que nuestra población estudiantil está asistiendo a comprobaciones objetivas.

La rebeldía del Externado que nos ha identificado por 135 años tiene que traducirse, además, en el respeto por la autonomía universitaria, la cual, en mi criterio, en los últimos tiempos está siendo conculcada. Por ejemplo, la Universidad ha tenido que ocuparse del diseño de un costoso programa diseñado por el Ministerio de Educación para que puedan ofrecerse especializaciones y maestrías, al extremo de que el Gobierno inclusive se siente asistido del poder supremo de intervenir en la delimitación de contenidos académicos. Me pregunto ¿Por qué el Externado no ha asumido con fuerza el liderazgo de formular demandas contencioso administrativas cuestionando la legalidad de las decisiones de un Ministerio que como el de Educación cada vez más se comporta como si fuera rector de los centros universitarios y no como un servidor estatal independiente?

La consecuencia de esa pasividad sorprendente ha sido funesta. Mientras la Universidad está ahora invirtiendo cuantiosos recursos para cumplir las exigencias de un decreto recientemente expedido, nada fáciles de atender, no ha habido espacio ni vocación para ocuparse del preocupante resultado de las mediciones adversas a nuestra Facultad de Derecho, que nos tiene desvelados a muchos, incluyendo a nuestros fieles y abnegados egresados que siguen de corazón todo lo que acontece en su adorada alma mater.

El próximo año no solo volveremos a la presencialidad, sino que además el propósito debe dirigirse a no dejarse imponer de ningún Gobierno la agenda académica y a que se respete la autonomía universitaria, sino también a enfrentar el reto de ocupar los puestos de honor que con tanto esfuerzo construyeron las pasadas generaciones conquistaron para gloria del Externado.

En términos académicos habrá que hacer un balance de lo bueno y lo malo que nos ha dejado esta pandemia del Covid-19 de la que no salimos aún.

Hay cosas buenas, como reinventarnos docentes y estudiantes en la virtualidad, lo cual ha sido un esfuerzo gigantesco para todos. No solo para los alumnos, quienes han puesto de su parte grandes sacrificios. También para los profesores, y lo digo en nombre propio. Dictar un curso entero sin ver físicamente a los destinatarios de nuestras reflexiones, escribir en la pizarra de zoom, hacer chistes sin saber si fueron entendidos o si gustaron, en fin, hablar por largas jornadas sin tener la certeza de si la disertación gustó o no. Pero como no hay placer superior a dictar clase, esa tarea ha valido la pena. Hemos hecho historia todos. Cuando esto pase y vengan nuevas generaciones tendremos para decirles con orgullo que somos sobrevivientes de una pavorosa pandemia que por poco acaba también con la vida universitaria.

Pero también ha habido cosas no tan buenas y casi que malas. Por ejemplo, el esperpento de reducir los exámenes solamente a las materias nuevas, para que no haya pruebas acumuladas, que se acuñó dizque para facilitar el rendimiento de los alumnos, es un craso e imperdonable yerro.

Lo primero que ultrajó este nefasto sistema de exámenes no acumulados fue la libertad de cátedra, tan caro para nuestro credo fundacional del Externado. En efecto, una garantía democrática y pluralista de una enseñanza que se supone libre es la de que el docente pueda definir el mejor sistema para comprobar si sus alumnos adquirieron competencias e idoneidad en su materia. Imponerles a los profesores el temario sobre el cual deben evaluar a sus alumnos es una intromisión bárbara en el sagrado derecho de ejercer la libertad de examinar, que es parte de la de cátedra.

La manera de ayudar al estudiantado durante la pandemia no es relevándolos de los esfuerzos que todos hemos tenido que hacer para no dejar morir nuestra Universidad, sino manteniendo el mismo nivel de exigencia aun en medio de las dificultades. En el caso de mi materia de Derecho Procesal Civil Especial, el “hallazgo” de no acumular materia para los exámenes se traduciría en que para el examen final solo podría preguntar lo que me resta explicar en dos o tres clases finales y no sobre la totalidad de la materia. Si se trata de ayudar a los alumnos, el camino es ofrecerles espacios más amplios que les permitan estudiar todas las asignaturas, en vez de proponerles que estudien menos. Eso solo podía ocurrírsele a quien, no solo no tiene claro el concepto de las libertades públicas a las que nos debemos los hombres y mujeres de nuestro Externado, sino que tampoco conoce a fondo la vida universitaria.

Es más, esa solución brutal de reducir el temario de exámenes está muy relacionada con el descenso dramático en los resultados que están mostrando nuestros egresados de la Facultad de Derecho en las diferentes mediciones que han venido haciendo en los últimos tiempos distintas organizaciones. En efecto, si los profesores seguimos siendo los mismos, si los alumnos están cursando las mismas materias y siguiendo idénticos programas ¿Qué es lo que está pasando para que hoy los abogados del Externado no clasifiquen entre las diez primeras universidades, cuando hasta hace muy poco siempre estábamos en los tres primeros escaños?

Si lo que se ha cambiado es el sistema de evaluación, de manera que al final los estudiantes no son confrontados para que expongan un criterio amplio y suficiente de lo que aprendieron, sino lo últimamente visto, ello está fracturando el prestigio que habíamos ganado durante más de cien años.

Una Facultad de Derecho como la nuestra, donde tenemos cursos numerosos que impiden la comprobación permanente y rutinaria de lo alumnos, el examen final o acumulado se convierte en la más segura herramienta de ilustración para quien pretenda aprobar una asignatura y también para que el docente tenga la certeza de que sus conocimientos fueron efectivamente asimilados.

Es infortunado, por decir lo menos, que la saliente decana de la Facultad de Derecho, Adriana Zapata, en una actitud más prepotente que dialéctica, ahora esté recordándoles a estudiantes y profesores que los exámenes finales que muy pronto iniciaremos, no serán pruebas de todas las asignaturas, sino de lo que se haya visto luego del examen semestral o trimestral en adelante, lo que, se repite, conduce al ridículo de que en ciertas clases los alumnos tendrían que revisar solamente una o tres clases y relevarse de la carga edificante de confrontar y pensar sobre todo lo debatido y estudiado en un largo año académico.

Resulta inútil insistirle a la decanatura que revise tan deteriorante decisión, porque no ha oído ninguna razón, salvo la de su propia arrogancia de insistir en una medida que nos está conduciendo a la mediocridad. Eso es lo que no has dejado la pasada administración, si se quiere más grave y dramático que el déficit financiero que no ha sido capaz de explicar, pues de este hay como restablecerse, pero no del desprestigio académico.

Los estudiantes deben entender que el tal “beneficio” que se les ofrece de tener que estudiar menos por cuenta de las necesidades y dificultades de la pandemia del Covid-19, en el fondo y en el corto y largo plazo es un arma letal que los amenaza en su futuro profesional y en sus posibilidades laborales. Nunca antes la idoneidad y competencia de los abogados del Externado se había puesto en duda, solo ahora que en nombre del facilismo se les ocurrió entregarles a los alumnos un dulce envenenado para invitarlos a no esforzarse.

Tengo fe en los alumnos que he venido formando durante 45 años, y sobre todo en su pulcro sentido de la dignidad y la supervivencia. No es la hora de sucumbir sino la de sobrevivir sin comprometer la suficiencia y competencia que el país entero, incluidos nuestros malquerientes y envidiosos, no habían podido desconocer a los abogados etiquetados con la marca de ser externadistas.

Después de la desastrosa e improvisada gestión de la doctora Adriana Zapata, como primera decana de la Facultad de Derecho, es ya un hecho notorio y urgente que ella debe dejar el cargo que no ha honrado, para que, por fin, llegue a esa dignidad una persona que merezca el respeto y credibilidad, y no que reproduzca las divisiones y enfrentamientos.

El paso de la doctora Zapata por la decanatura no le dejó nada a la Facultad, pues, por el contrario, en vez de unir contribuyó a multiplicar los enfrentamientos. Imposible olvidar que fue ella la autora intelectual y gestora principal del famoso comunicado facturado contra quienes criticábamos a esa administración. No fue ella la única, en honor a la verdad, porque también fueron varios los que se sumaron a esa cruzada de difamación que nunca antes se había visto en los 135 años de vida del Externado.

Para no ir muy lejos, el ampuloso asesor de rectoría, Edgar Cortes, ejerció su cargo con arrogancia y con talante excluyente. Se le subieron los humos a la cabeza. Ahora dizque ha dado a conocer su aspiración para convertirse en el sucesor de Adriana Zapata, siguiendo precisas instrucciones de los clásicos viudos del poder, los mismos que creyeron que el Externado era patrimonio suyo.

¿Tiene Cortés las condiciones personales y académicas, y sobre todo la credibilidad en la facultad, para convertirse en decano? Por su recorrido como asesor del rector, cargo que nunca antes había existido en más de cien años, es evidente que no reúne las condiciones ni es dueño de la serenidad para liderar como decano nuestra facultad. Su actuación como asesor del rector no fue tranquila ni fructífera. Quién tiene responsabilidades de dirección en una universidad no puede ser fuente de conflictos, ni enredarse en dimes y diretes, como lamentablemente le ocurrió a Cortés. Más que haber asesorado al rector de entonces, se convirtió en el verdugo de las malquerencias del quinto piso.

A lo anterior ha de agregarse una consideración no menor que tiene que ver con los supuestos méritos académicos de Cortés, que en modo alguno lo ponen en situación de imprescindible a la hora de elegir un decano que entienda que sus responsabilidades han de ejercerse sin odio y sin perseguir a nadie.

El tema de designar nuevo (a) decano (a) no puede pasar por la necesidad de que quien aspire a esa dignidad busque restablecer los privilegios salariales de los que gozó variadamente en la pasada administración, como es el caso y la aspiración de Edgar Cortés. El tema no es de plata sino de estructuras.

El decano (a) debe ser una persona con ascendencia colectiva en toda la comunidad externadista, no un heredero de Henao, Marta Hinestrosa, Adriana Zapata, ni de nadie. Tiene que ser un profesor independiente, acatado y respetado por sus pares, no uno que haya bebido en las mieles del consentimiento y el proteccionismo de la familia Hinestrosa y que esté aspirando a mejorar su escala salarial.

Adicionalmente, quien sea la nueva (o) decana (o) además del reconocimiento al interior de la Universidad, debe ser un profesional reconocido en la comunidad jurídica. En todas las universidades que cuentan con facultades de Derecho se esmeran por llevar a sus decanaturas a profesionales que ya tienen audiencia en diferentes escenarios. Eso no nos puede resultar imposible a los externadistas. Más que querer, necesitamos un decano (a) cuyo nombre sea respetado entre nosotros, pero que no le resulte extraño al conglomerado jurídico en general. La experiencia de nombrar a alguien en cargos de privilegio en la Universidad, para que desde ese paraninfo intente construir una imagen pública y labrar aspiraciones políticas o burocráticas, ya nos dejó una amarga experiencia de la que esperamos recuperarnos pronto.

Si hay algo urgente y necesario para incluir en la compleja agenda rectoral, es lo relativo a la organización de una vez por todas de las evaluaciones que la universidad realiza esporádicamente entre los estudiantes para medir el rendimiento de los profesores. Este es uno de los temas que deben ser banderas para la nueva administración, pues además de definir cómo, cuándo y entre quiénes han de hacerse las evaluaciones, es preciso, para garantizar el derecho de defensa de los docentes, definir las consecuencias que se deriven de una deficiente o afortunada evaluación.

En efecto, con mucha timidez el Externado se ha ido aproximando al sistema de evaluar los profesores, no siempre con el mismo rasero. A eso se agrega que ni los estudiantes ni los profesores saben quién o quiénes orientan tales encuestas, cuáles son las experiencias de quienes organizan los cuestionarios, cómo se recauda de manera segura la información, cuáles son las indagaciones que se plantean, a partir de qué número de estudiantes consultados se considera que una encuesta es confiable, y lo que ni siquiera se ha ensayado a preguntar: ¿ha habido un solo profesor que haya ascendido en el confuso escalafón profesoral o que haya sido excluido de la Universidad, por cuenta de estas evaluaciones. La respuesta es no.

La verdad es que, en el período de Juan Carlos Henao, las evaluaciones dieron la sensación de estarse manejando con un mezquino aliento de perseguir a aquellos profesores que no comulgaban con esa nefasta dirección de la Universidad. Las encuestas solían hacerse delante de un exiguo grupo de estudiantes, al parecer para provocar una medición adversa o no tan favorable a ciertos profesores, mientras, por otro lado, el sistema de recolección de la información sufría convenientes modificaciones que favorecían a quienes gozaban del beneplácito de la secretaria general y de la caótica decana de la Facultad de Derecho.

Hay que decirlo con claridad, mientras la decana de la Facultad de Derecho siga siendo la doctora Adriana Zapata, no solo no habrá garantías para toda la comunidad docente, sino que la reconciliación en la que se ve empeñado al rector Parra Nieto, será una quimera. Para esta empresa de las evaluaciones profesorales, la actual decana no tiene las competencias ni la credibilidad para liderar ese delicado proceso, que debe ser absolutamente transparente y confiable.

En efecto, la Universidad debe disponer de un sistema seguro y conocido por todos, estudiantes y docentes, que garantice que las mediciones profesorales no se van a utilizar como instrumentos de descrédito. Para ello es necesario definir un número porcentual mínimo de encuestados que debe participar de una encuesta o medición a cada profesor, que no sea inferior al 70% de cada curso. Ese sistema de encuestar a 10 o 20 personas en cursos de 180 o 200 es notoriamente errado, injusto y desigual. Asimismo, es necesario definir con suficiente antelación, al inicio de cada semestre cuándo tendrán lugar tales mediciones. De igual modo, debe integrarse un comité de expertos donde tengan asiento estudiantes y profesores que puedan participar en la elaboración de los cuestionarios sometidos a los alumnos.

La decana Zapata adolece de las competencias para liderar este proceso, por la sencilla e invencible razón de que su recorrido como docente en el pregrado es bastante pobre, por decir que ninguno. Ni ella conoce a los estudiantes en su desempeño como tales, ni estos la han visto desempeñarse en faenas como docente, que es en donde se construyen los prestigios que no pueden destruirse por nada ni nadie, menos con comunicados infamantes y denigratorios.

No puede ser que los evaluadores del rendimiento profesoral, por sí y ante sí, decidan qué preguntan, cuándo, respecto de cuáles profesores, ni tampoco qué número de estudiantes es el llamado para definir si un profesor es bueno o malo. Y no puede suceder en una Universidad liberal, en el mejor de los sentidos de la expresión, que nadie sepa quién nombra ese Comité, quiénes lo integran, con cuáles criterios orientan las preguntas, si sus miembros manifiestan o no causales de impedimento o sin son recusables por estudiantes o profesores.

Y lo otro que es también necesario definir son las consecuencias de una mala o buena evaluación. Un profesor que luego de varias mediciones registre que sus estudiantes en porcentajes superiores al 50% lo descalifican, le está llegando la hora del retiro. No así, a aquel docente que en un procedimiento transparente concita la aprobación colectiva del alumnado.

Llegó la hora de hablar en serio y para siempre de este espinoso tema que nos hará más competentes y más libres.