En medio de la llamada “crisis de la educación superior”, la tendencia hacia la tecnificación y la premura por obtener un empleo para colaborar en las expensas familiares, ha llevado a una disminución progresiva de los y las estudiantes que acceden a programas universitarios, aspecto que la pandemia ha agravado aún más. Como tal hay dos aspectos importantes a cuestionarse: (i) cuál es la relevancia de la educación superior y (ii) cuál es la razón de la estadística pesimista del acceso efectivo a esta.

La educación superior, en mi criterio, es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado Social de Derecho. Las universidades son centros de conocimiento esenciales en un país, porque lo estudian, lo analizan, lo cuestionan y lo cambian. Justo por eso, el ejemplo de espacio público de Habermas, que daba cuando era monitora de sociología, es la Academia, aquel espacio seguro donde la acción comunicativa logra llegar a síntesis que permiten el progreso de una sociedad. Por lo tanto, el enfoque académico, al tener una responsabilidad social, no solo debe ser riguroso en sus análisis, sino que debe hacer un estudio interdisciplinario, humanista y científico de una comunidad.

Pero si la academia es tan importante en la construcción social, parece que se deja de lado cada vez más. Aunque esta va a seguir estando vigente como lo ha demostrado la historia, necesita reevaluarse. Sólo va a tener vocación de permanencia si empieza a jugar un papel relevante en las cuestiones que afectan la realidad social, como la crisis de la democracia participativa o el cambio climático. Por tanto, la academia debe dejar de respaldarse en la neutralidad -concepto que se ha puesto en duda desde hace más de un siglo- y tomar partido y abrir espacios de discusión.

La “sostenibilidad” de las instituciones es una de las razones por las que la academia ha sido desplazada, pues si su principal ingreso son las matrículas, cuando disminuyen las inscripciones se compite entre universidades, se pierde de vista la enseñanza y la educación, el fin mismo de las instituciones. No se debe olvidar que el gasto de las universidades, aunque alto, debe ser considerado un gasto social ¿Por qué? Si la educación es un derecho garantizado por el Estado Social de Derecho, una protección que va más allá de los niveles escolares -también precarios-, debe ser amparado como tal y no puede desaparecer por intereses económicos.

Además, se evidencia que no solo las Instituciones de Educación Superior (IES) y el Estado han perdido de vista la academia por el ánimo de lucro, también los y las estudiantes que eligen seguir este camino de la enseñanza, se enfrentan a barreras de acceso y promesas vacías. Estos obstáculos, se reflejan en los desmanes del ICETEX o en el deterioro de las universidades públicas, aspectos que permiten evidenciar cómo la política educativa nacional está encaminada hacia la capitalización del saber con un mínimo de beneficios prestados a la comunidad. Acceder a la educación de alta calidad, en un espacio público dispuesto para evaluar críticamente la realidad y contribuir en su mejoría, debe ser una decisión y no un privilegio.

Perder de vista la academia y el impacto de la juventud en la sociedad, es llevar la visión social cada vez más reducida por los intereses económicos y políticos que mantienen y estancan a la realidad del país.