Las cosas que pasan en el Externado son sencillamente de antología, o de no me lo vas a creer. La sombra larga y profunda de la corrupción asoma en los pasillos de la Universidad y cuando ello ocurre muy pocos exigen transparencia inmediata, porque los demás callan para que no les toquen sus privilegios. Las directivas de la Universidad inicialmente se resistieron a realizar una auditoria franca y transparente para sepultar los comentarios crecientes de que algo andaba mal. En su momento la excusa baladí para negarse a ser auditados fue la de que aquí nada había que vigilar porque todo estaba en orden. Después de muchas contradicciones, finalmente  de mala gana decidieron contratar una auditoria con la prestigiosa firma Price WaterhouseCoopers (PwC), la cual ha sido entregada recientemente al Rector y a la secretaría general como si se tratara de un secreto de estado. En efecto, las directivas una vez recibida la supuesta auditoria han decretado sobre ella un manto de silencio impresionante. Se sabe que los miembros del Consejo Directivo recibieron la tal auditoria con el compromiso de no hacerla conocer de la comunidad externadista. No se trata de un rumor sino de una verdad comprobada directamente por este columnista, pues a varios miembros de ese Consejo pedí la auditoria y reclamé su divulgación pero todos a una, como en Fuenteovejuna, se negaron a hacerlo, con el precario e inmoral argumento de que es materia reservada.

Si la auditoria se realizó gracias a las exigencias de la comunidad universitaria que todavía clama por ese detalle mínimo de transparencia y rectitud, pregunto ¿Qué sentido tiene que ahora que se ha rendido por fin la tal auditoria, la Universidad opté por la ley de la omertá, para que nada se sepa, de modo que tampoco nadie pueda alzar su voz para pedir explicaciones o demandar investigaciones? Seamos serios. Si hubo una auditoria a los papeles de la Universidad y si todo está en orden, entonces ¿Cuál es la razón para que la conozcan unos pocos con el compromiso de que la guarden, para que los asustadizos o cómplices miembros del decadente Consejo Directivo se inflen sosteniendo que lo que tienen ahora entre manos es ultrasecreto? La Rectoría y la Secretaría General no debieron imponer semejante restricción de reserva a datos y conclusiones que son de interés de toda la Universidad. Han incurrido en un yerro imperdonable, que lesiona la imagen de la institución y deja en el piso sus prestigios. Pero lo que es peor es que el Consejo Directivo, integrado por docentes y estudiantes quienes se deben a la Universidad más que al sexto piso, sumisamente hayan sucumbido a tan arbitraria orden de mantener reservada una información a la que tenemos derecho todos los externadistas. Pero como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, mientras las directivas hacen toda clase de maromas para impedir que alguien dé a conocer el trabajo que tan celosa y sospechosamente guardan en secreto, se filtran varios brotes de inconformidad con esa auditoría, porque no llenó las expectativas de un trabajo serio de esa naturaleza. Lo que fragmentariamente se ha filtrado es que la tal auditoria fue un engaño, que no ahondó en los aspectos centrales del manejo de los recursos, como, por ejemplo, sobre los pagos a trabajadores que prestan sus servicios a personas ajenas a la Universidad, tema respecto del cual ha quedado una duda gigantesca. En efecto, a pesar del hermetismo, se supo que la tal auditoria no pudo desconocer la existencia de ciertos pagos a un conductor que no presta sus servicios a la Universidad sino a alguien cercano a las directivas, y ante escandaloso hallazgo el Consejo Directivo no se estremece porque le parece un asunto de menor cuantía. ¿Quién es ese conductor y a quién le presta sus servicios, y por qué la Universidad tiene que remunerarlo? Y lo que es todavía más preocupante ¿Será el único caso, o se trata de una práctica inveterada? En suma, hubo una auditoria a medias que nadie puede conocer ni discutir, pues la que se presentó dejó muchas dudas y sinsabores, por lo cual sigue teniendo vigencia el grave interrogante de ¿A qué le temen ? Mientras tanto los externadistas seguimos reclamando nuestro derecho sagrado a saber qué pasa.

Hace unos días, en la muy leída sección de comentarios de la vida política Alto Turmequé de El Espectador, salió un comentario que no fue indiferente al Externado, a su Rector y al otrora profesor estrella el magistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal Pulido. En efecto, el comentario bajo el título “Fuego amigo”, fue el siguiente: “En el evento del lanzamiento del libro Disparos a la paz (Ediciones B), los autores, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, dijeron que el gobierno Santos tuvo tres errores garrafales durante el proceso con las Farc: convocar el plebiscito, ternar a Néstor Humberto Martínez para fiscal general y ternar para la Corte Constitucional a Carlos Bernal Pulido, quien resultó en una orilla ideológica muy distinta a la de su mentor y quien lo recomendó ante la Corte: Juan Carlos Henao, rector del Externado”. Supuse que una noticia como está claramente adversa a la transparencia de una Universidad seria y alejada de la politiquería, iba a ser rectificada por alguno de los afectados. Vaya sorpresa, ya han pasado dos semanas y, que se sepa, nadie se ha atrevido a desmentirla. En principio llegué a pensar que se trataba de otro de esos chismes clásicos que deambulan por los pasillos del Externado, como aquel mal intencionado de que detrás de los reclamos legítimos de quienes venimos cuestionando a la actual administración, había un plan para tumbar a Juan Carlos Henao y nombrar a Eduardo Montealegre, versión falaz con la que desde el inicio de estas dificultades que ya completan un año, han pretendido descalificarnos y se han amparado para no rendir cuentas, no permitir la realización de una auditoría independiente ni la convocatoria a elecciones para sustituir al desprestigiado Consejo Directivo.

Pero volvamos al tema de esta columna. ¿Fue el Rector Henao quien recomendó a Carlos Bernal Pulido para que fuese candidatizado a la Corte Constitucional? Todo parece indicar que así fue. Y, entonces, es aquí donde cabe preguntarse si no es corrupción que un Rector de universidad utilice su inmenso poder para tratar de influir en la designación de un togado de alta corte. No puede ser excusa sostener que como otros lo hacen, es lícito hacerlo, porque eso es clientelismo judicial, que no es otra cosa que corrupción, así sea de cuello blanco y aun cuando haya sido ignorada en los cuatro inútiles mamotretos sobre la CORRUPCIÓN, de los que tanto pecho sacan las directivas. Un Rector de un centro académico debe poner su prestigio personal y el de la institución a salvo de esas triquiñuelas y avatares de la burocracia. Una universidad no puede ser una bolsa de empleos, menos para tratar de acceder a las altas esferas de la justicia, justamente cuando una de sus facultades supuestamente es su nervio vital. Pero el asunto no acaba allí. En efecto, recién posesionado el doctor Carlos Bernal Pulido como magistrado de la Corte Constitucional, con su voto en algún asunto mostró su distancia ideológica del proceso de paz. Cuando eso ocurrió los medios llamaron al rector Henao a pedirle explicación de cómo era posible que su pupilo hubiese salido con las que salió. Para sorpresa de todos desde el paraninfo del Externado, su rector dejó en los medios la sensación de que llamaría al orden a su “pupilo”, una vez llegara a su despacho. Mejor dicho, si alguna duda quedaba de quien había intervenido en su designación, con estas declaraciones quedaron despejadas y confirmados lo que antes eran rumores. Luego el propio doctor Bernal dejó en claro que había llegado a tan alta dignidad ocultando su verdadera ideología y sus alianzas impublicables. Es lo que da la tierra. Y después de toda esa cadena de malhadados sucesos, un buen día supimos que el doctor Carlos Bernal Pulido se fue dando un portazo a la Universidad, sin que nos hayamos enterado de las razones. O Bernal no estuvo dispuesto a aceptar que se le rebajara el sueldo que no podía seguir devengando dada su condición de servidor público o alguien muy encumbrado en el Externado incurrió en el abuso o el delito de tratar de influir en un asunto que debía fallar el vacilante magistrado, o ambas cosas. Eso tampoco lo ha aclarado el Externado, no obstante que EL RADICAL lo indagó en la pasada emisión la sección sobre preguntas y respuestas no dadas. Era necesario y aun lo sigue siendo, que las directivas del Externado aclararan un tema que de confirmarse pondrá en entredicho los valores y destino de la Universidad. Por lo pronto solo hemos visto al doctor Bernal Pulido desde su alta investidura promocionar otro centro académico, sin inmutarse. También debería dar alguna explicación sobre todo con la universidad que le prodigó apoyo de todo orden durante los muchos años de estudio que el otrora estudiante Bernal Pulido tuvo que invertir en muchas universidades extranjeras.

Mi padre fue abogado externadista, también lo es mi hermana. Crecí en Buga alimentando la ilusión de que algún día estudiaría en la misma Universidad donde mis mayores se habían educado. Corrían los finales de 1969, acababa de graduarme como bachiller y llegué al Externado Antes he de referir que en 1968 conocí en Buga al entonces Ministro de Justicia, Fernando Hinestrosa, quien llegó a inaugurar una cárcel. No me era extraño su nombre porque desde niño y a pesar de que mi padre había muerto cuando yo tenía cinco años, sabía que habían sido condiscípulos de la promoción de 1951, en cuyo mosaico paradójicamente aparecen sus fotos seguidas. Recibí el abrazo cálido del doctor Hinestrosa y su alegría cuando le expresamos con mi hermana que nos proponíamos estudiar en su Universidad. El 2 de febrero de 1970 llegué a Bogotá e inicié mi carrera de abogado, la cual fue un recorrido apasionante, porque además de encontrar profesores titanes del verbo y de la dialéctica como Gregorio Becerra, Luis Fernando Gómez, Alfonso Reyes Echandia, Daniel Manrique, Enrique López de la Pava y Samuel Finkelstein, para mencionar los que se vienen desordenadamente a mi memoria, tuve la fortuna de conocer un ramillete de jóvenes juristas que ya empezaban a brillar como docentes y abogados, como Antonio Cancino, Manuel Gaona Cruz y tantos otros que luego se volvieron imprescindibles en la historia del foro y la jurisprudencia.

Me hice abogado en unos años tempestuosos durante los cuales la protesta estudiantil era diaria. No hubo suceso que no hubiésemos discutido los estudiantes de entonces, ni huelga en la que no hubiésemos participado. Era otro país y un Externado distinto al de hoy. Egresé de la Universidad acariciando el sueño de hacerme docente y de viajar a Francia, ninguna de las dos cosas fue fácil, pero lo logré gracias a mi recorrido académico, aunque en mi estancia en el país europeo no hubo beca alguna del Externado sino del Gobierno galo por cuenta de un suceso fortuito en el que intervine profesionalmente que me hizo acreedor a esa distinción. Regresé de Francia a mi incipiente labor de docente y no he parado en ella ni siquiera en los agitados años en los que dirigí el DAS, entre 1994 y 1996. Me hice profesor titular, más tarde ordinario y hoy pertenezco a la honrosa legión de profesores eméritos, distinción que en los tiempos de este milenio poco o nada cuentan. Soy, pues, testigo de excepción y protagonista de 49 años de la vida de esta Universidad, cinco como estudiante y el resto como profesor. No fui de la guardia pretoriana del Doctor Fernando, porque no me gustan esas militancias ciegas e incondicionales. Eso lo sabía él y en ese escenario me trataba con cariño, respeto y cordialidad inolvidable. Muerto el Doctor Hinestrosa el panorama del Externado empezó a transformarse no precisamente para bien. Apenas cerrada su tumba convoqué a un mítin en la Universidad cuando a mi juicio se hizo notorio que la elección del sucesor estaba siendo manipulada. Esa noche curiosamente luego de esa reunión intempestiva pero que hizo historia, por fin el Consejo Directivo terminó ungiendo a Juan Carlos Henao como Rector por un período de seis años, reelegible sólo por tres, con lo cual se buscaba acabar con la equivocada postura de nombrar rectores vitalicios. Igualmente, se dispuso que el nuevo Rector no podría ejercer su profesión de abogado, salvo que el Consejo Directivo le extendiera autorización en los excepcionales asuntos en que decidiese intervenir, en el entendido de que iba a ser ocasional y no habitual. Los primeros días de Henao fueron de incertidumbre pero posteriormente su rectoría terminó enredada en camarillas, decisiones privilegiadas, la pérdida de liderazgo y sobre todo extraviando el rumbo de una Universidad que se había caracterizado por honrar sus raíces contestarias. Fruto de esa crisis ha sido este periódico virtual, El Radical, que ya llega a su novena emisión, haciendo también historia. La crisis de hoy es de todos conocida. Hay quienes sostienen que esto jamás sucedió en vida del Doctor Fernando, y la comparación es necia. Que en épocas del Doctor Hinestrosa nadie hubiese reclamado como hoy, no significa que todo estuviera bien entonces, sino a dos razones: la primera, que si bien existían también situaciones semejantes a las de hoy, el anterior Rector supo controlar los brotes de inconformidad y estuvo atento a que no crecieran; la segunda, se deduce de la anterior, quien le sucedió no ha tenido tacto ni prudencia en el manejo de sus responsabilidades, porque ha obrado con el criterio de privilegiar a quienes considera de su entorno y ha dividido la Universidad a extremos irreconciliables. Esta crisis no cesa, ni cesará mientras las directivas no enderezcan el rumbo. No será con amenazas ni con emboscadas rectorales en los pasillos o en los salones, como las aguas agitadas deben volver a su cauce. Los externadistas estamos hechos de una fe indestructible en los principios. A eso le seguiremos apostando. Habrá dificultades para rato.

Me aterra pensar que la bandera del entendimiento que algunos amigos del Rector Henao y defensores a ultranza del decadente Consejo Directivo se esté blandiendo a partir de una postulación inadmisible. Algunas de esas voces se aproximan con lo que tiene más sabor de amenaza que de reconciliación a proponer que nos olvidemos de los malos ratos del pasado y que discutamos todo hacia el futuro porque se está haciendo mucho daño a la Universidad. Mejor dicho borrón y cuenta nueva, o en términos políticos, una especie de ley de punto final. No sólo es inútil sino sobre todo inmoral pretender solucionar la grave crisis que atraviesa el Externado, que las directivas reiteradamente desconocen con el argumento de que la oposición son solamente cuatro gatos, pretendiendo echarle polvo a las justas reclamaciones que se han hecho. Esas peticiones públicas todas tienen justificación y en especial sustento ético inquebrantable e irrenunciable.

A nadie sensato y cumplidor del deber puede parecerle una aventura demandar a una administración que está perpetuada en el poder de la Universidad, el cual maneja a sus anchas y últimamente en tono creciente de arbitrariedad y persecución, que rinda cuentas de su gestión, que convoque a elecciones transparentes para que los representantes del profesorado en el Consejo Directivo puedan ser reemplazados, que abra espacios democráticos para que los puestos de comando en la Institución no sean distribuidos a dedo entre los consentidos del establecimiento rectoral, como ocurrió recientemente con la decanatura de Derecho, para solo mencionar unas pocas perlas de lo que es una crisis de proporciones preocupantes. El discurso de quienes vienen implorando que guardemos silencio y que las aguas vuelvan al cauce de donde nunca debieron desbordarse, no es una salida perdurable ni segura para una Universidad que, como el Externado, además de estar urgida de pedir a sus dirigentes que no la administren como si se tratara de un jugoso bien relicto de una sucesión, requiere profundos cambios. Está dicho que todos los externadistas queremos nuestra Universidad, pero hay diferentes maneras de quererla. A quienes prefieren apreciarla en silencio mientras son testigos mudos del derrumbe institucional, hay que respetarles esa actitud silente, porque en ocasiones ello hace parte del torrente sanguíneo de cada quien; empero, a quienes no podemos permanecer neutrales ante lo que sucede, porque eso es una forma peligrosa de tomar partido, invitamos la comunidad a perder el miedo, a despojarse de los mezquinos intereses económicos o salariales y reclamar el derecho a que el Externado de antaño resucite de entre las cenizas en que lo ha convertido el Rector Henao y su privilegiada casta de mandamases que como en las dictaduras se aferra ciega y obstinadamente al poder. ¿Ha sufrido deterioro la Universidad como consecuencia de esta crisis que manchó para siempre la actual rectoría? Sin duda, eso es imposible no verlo. Pero la solución no puede ser olvidémonos de todo, conversemos hacia el futuro y claudiquemos en las reclamaciones del pasado, y hagamos de cuenta que la administración sí rindió las cuentas que nunca ha rendido, que permitió la realización de una auditoria que tampoco dejó ejecutar, y que no se han repartido canonjías para mantener vigente un estado de cosas descompuesto que se hunde en el mar del descrédito. Lo que ha pasado no es menos grave de lo que está por pasar si no se da un timonazo que sacuda las viejas estructuras personalistas de una Universidad que parece escudada en la estrategia de valerse de la honrosa memoria y nombre de un solo hombre, que en no extraviarse en la búsqueda del imperativo categórico de encontrar un destino próspero, pluralista, transparente, democrático, alejado de las castas familiares o los conciliábulos. La administración del Externado de estos tiempos ahora invoca el artificio de la manipulación de encuestas, a pesar de que ninguna de ella da tranquilidad, pues, por ejemplo, las mediciones a varias de las facultades, no solo a la de Derecho, muestran que algo delicado está sucediendo. En efecto, mientras el Externado desfigura algunas estadísticas, la verdad en la realidad es otra. Y la forma de reconstruir el prestigio no es hablando de lo que fuimos, sino de lo que seamos capaces de hacer en los tempestuosos tiempos que nos tocará enfrentar. Hay que cambiar el discurso. La solución no puede ser el “deje así” y sigamos para adelante. No nos lo perdonarían las futuras generaciones de los externadistas que aspiramos que vuelvan a tocar las puertas de la sagrada heredad. El futuro no se construye sino sobre la base de un pasado confiable y honorable.

Hace siete años, apenas cerrada la tumba del doctor Fernando Hinestrosa, el Consejo Directivo que para entonces ya ajustaba quince años de haber sido nombrado, adoptó una reforma de los estatutos de la Universidad que ha cobrado trascendental importancia. En efecto, además de limitar el período del Rector a seis años, reelegible por tres más –lo cual dicho sea de paso fue groseramente violado con la última reelección express y casi secreta– la reforma estatutaria previó que la máxima cabeza de la Universidad sea de dedicación exclusiva a sus tareas universitarias, aunque quedó abierta una rendija para permitirle excepcionalmente asumir asuntos profesionales siempre con el visto bueno y previo del Consejo Directivo.

Tan sana reforma estatutaria estuvo encaminada no solo a lograr la dedicación exclusiva del Rector, sino a poner a salvo a la misma institución de los avatares y controversias que suscitan la intervención en pleitos o controversias, tanto más cuando en ellas algunos o varios de sus protagonistas son entidades públicas. El Colegio Mayor del Rosario desde hace mucho tiempo adoptó la sana política de prohibir a su Rector desempeñarse en escenarios ajenos a los académicos. La experiencia con el actual Rector muestra que esa sana prohibición en la práctica ha tenido tantas excepciones que hoy son la regla general. Henao alterna sus labores académicas con los afugias de los expedientes unas veces como árbitro, otras como asesor y en no pocas como abogado litigante. No hago referencia, por supuesto, a su protagonismo en el proceso de paz, tanto que en la retina de los intérpretes no quedó claro si a ello se vinculó él personalmente o la Universidad. Por loable que fuese el propósito de sumarse al proceso de paz con las FARC, el cual además también he apoyado pública pero personalmente en todos los escenarios, no parece conveniente que quien tiene sobre sus hombros la responsabilidad de conducir un centro académico que alberga miles de profesores y otro tanto de estudiantes e idéntico número de opiniones y pareceres, se involucre en actividades donde no aparezca claramente delineada si es un empeño personal o una actuación en nombre de la Universidad que orienta. Lo que está en juego es la necesidad de que la autonomía e independencia de la cima de una Universidad, donde además los espacios de discusión no existen, es la urgencia de que esos baluartes no se vean alterados por virtud de mezclar la dirección universitaria con responsabilidades profesionales relacionadas de una u otra manera con litigios. En una reciente reunión de directores de departamentos de la Facultad de Derecho, el Rector mostró su resistencia cuando el suscrito hizo alusión a este asunto, y se esforzó en que quedara claro que cuando él se ocupa de menesteres profesionales lo hace con el visto bueno del Consejo Directivo, el mismo que ideó esta edificante reforma que sin embargo no se ha preocupado de hacerla respetable. Las estadísticas no muestran que esos encargos abogadiles de distinto alcance en los que públicamente se ha visto la mano del Rector, hayan sido ocasionales y esporádicos, como era el propósito inicial, sino que ya tienen una frecuencia mayor. Es evidente que los profesores también ejercen su profesión como abogados; empero, su situación no es la misma de quien funge como Rector, porque aquellos no comprometen el nombre de su universidad, que sí queda indisolublemente ligado a las acciones y omisiones de su máxima autoridad. Es explicable que un Consejo Directivo sin aire, como el que hoy secunda a Henao en todo lo que se propone, haya perdido impulso en relación con esta sana restricción de exigir dedicación de tiempo completo a quien goza del inmenso honor de ser Rector de la Universidad, cargo que por lo demás está suficientemente remunerado, pero no por ello la idea debe ser proscrita. Por el contrario, es la hora de volver absoluta esa prohibición de manera que el Rector no se le vea en pleitos, tribunales arbitrales, enconadas disputas litigiosas, ni en nada que se le relacione, sino solamente en el imperturbable paraninfo pulcro y libre de la inteligencia.

La escogencia de un Rector de un centro académico o un Decano de una Facultad es un asunto de primordial importancia pues, dependiendo de su perfil y sus capacidades, dicha institución puede triunfar o naufragar en las competitivas y tempestuosas aguas de la escena académica. En 2017, la Universidad de Harvard anunció que su Rectora, la prestigiosa académica Drew Faust terminaría su mandato al finalizar el año. Ante dicho anuncio la Universidad emprendió una amplia búsqueda para encontrar la persona idónea que pudiera dirigir al gigante académico. Para adelantar esa pesquisa se instituyó un comité, llamado el “Comité de Búsqueda” compuesto por los miembros de la junta directiva -excluyendo a la Rectora saliente- y miembros de la Junta de Supervisores. Este equipo se encargó de enviar comunicaciones a todos los miembros de la comunidad, profesores, estudiantes, egresados y personal administrativo para solicitar nominaciones. Además, cada estamento de la Universidad creó un comité encaminado a nominar potenciales candidatos y revisar a los que se propusieran, de acuerdo a sus áreas de interés. Ese comité de búsqueda además se reunió con entidades externas y diseñó criterios de selección que permitirán aterrizar en el mejor candidato. Finalmente, de cara a la comunidad, la institución nombró a su actual Rector, el académico Lawrence S. Bacow.

Para nombrar un ejemplo más cercano, en la Universidad de Los Andes, los candidatos a Rector son propuestos por un Comité Nominador, quien se encarga de realizar una búsqueda amplia e incluyente de quiénes pueden ocupar el cargo directivo del alma mater. Dicho Comité somete los nombres de los candidatos al Consejo Superior que no es vitalicio. En este, el candidato ganador debe obtener una mayoría absoluta para obtener el nombramiento[1]. Actualmente, esa Universidad se encuentra en proceso de seleccionar su rector, entre tres magníficos candidatos, los economistas Alejandro Gaviria, Mauricio Cárdenas y Ana María Ibáñez. Esta es información pública y el debate entre los tres perfiles se da de cara a la comunidad. Esa Universidad ha conseguido el milagro de migrar de un Rector a otro sin comprometer su futuro, estabilidad y su pluralismo. Algo similar ocurre en esa misma institución con el nombramiento de Decano de alguna Facultad, que no es fruto de la omnímoda decisión del Rector, sino el resultado de un proceso de deliberación donde se estudian diferentes opciones. Adicionalmente, al menos en lo que tiene que ver con la Facultad de Derecho de los Andes, el Decano es designado por un período de dos años prorrogable por otros dos. Al término del período de cada Decano llega uno nuevo que retoma el rumbo de lo dejado por el antecesor y la Facultad sigue teniendo importante protagonismo en la vida nacional y en medio de la diversidad le sigue rindiendo culto al pluralismo. ¡Estamos lejos!

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[1] Estatutos de la Universidad de Los Andes: Artículo 31. El Rector será nombrado por el Consejo Superior para un período inicial de cuatro años, de uno o más candidatos que someta a su consideración el Comité Nominador, que para el efecto designe el Comité Directivo. Su nombramiento podrá prorrogarse por períodos de dos años. El Comité Nominador estará integrado por el Presidente del Consejo Superior, cinco Consejeros Numerarios, cinco Consejeros Permanentes y dos Consejeros Honorarios, y tendrá la responsabilidad de seleccionar los candidatos al cargo de Rector, previas las consultas necesarias, para recomendarlos al Consejo Superior. El Comité Nominador se disolverá una vez efectuado el nombramiento de Rector. Artículo 32. Para el nombramiento del Rector se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los Miembros Ordinarios que componen el quórum del Consejo Superior. En caso de que ninguno de los nombres presentados por el Comité Nominador obtenga el número de votos necesarios, el Consejo Superior procederá a someter a votación los nombres que estime convenientes.