El título de esta columna da cuenta de tal vez una de las más cacareadas frases de los abogados litigantes. En efecto, casi con superstición, como con acierto lo refiere la profesora Ana Bejarano Ricaurte en un interesante artículo denominado “El Trabajo Pro Bono en Colombia”[1], quienes ejercemos la profesión sostenemos que aceptar un encargo profesional sin pactar remuneración alguna garantiza las dificultades, enredos y mal suceso del trámite. Aunque la experiencia, que como decía Oscar Wilde “no es otra cosa que el nombre que le damos a nuestras equivocaciones”, me hacía creer con fanatismo en esa sentencia de nuestra picaresca jurídica, llevo varios años haciendo caso omiso de la misma y atendiendo asuntos sin cobrar emolumento alguno y debo confesar que no solo no han resultado pleitos malditos, sino actuaciones sumamente gratificantes. La función social de nuestra profesión ve en el trabajo pro bono una de sus más importantes manifestaciones. En efecto, el acceso a la justicia no solo comprende la oportuna atención por parte de la rama judicial de los reclamos de los ciudadanos, sino también comporta la ruptura de esa odiosa asimetría atada a la capacidad económica de quien se ve sumergido en una controversia legal. Y es que un asunto que para una reputada firma de abogados o para un destacado litigante no resulta atractivo en términos económicos, puede ser todo para un ciudadano de escasos recursos, que termina en manos de tinterillos, empíricos o colegas sin la trayectoria y experiencia para atender el asunto en concreto, que no solo le quitan unos buenos pesos en algunos casos por solo fusilar un modelo de tutela o de derecho de petición, sino que lo hacen mal, restando posibilidades a un reclamo justo y fundado. Como lo refiere la profesora Bejarano en la publicación ya referida, no existe legislación que imponga esa obligación a los litigantes ni tampoco un Colegio de Abogados que se ocupe del tema, que sería lo deseable.  Por eso la tarea que viene cumpliendo la Fundación Pro Bono -FPB-, creada en el 2009, entre otros por la abogada Paula Samper, con el apoyo decidido de varias de las más importantes firmas de abogados, amerita ser destacada.

Esta organización sin ánimo de lucro, es pionera en la organización de un servicio legal gratuito para personas de escasos recursos. La fundación se encarga de coordinar y clasificar los casos, para luego remitirlos a los profesionales de las firmas que son miembros de la misma, quienes se harán cargo del asunto bajo los mimos parámetros con los que se atienden los asuntos de los demás clientes de la firma. Me valgo de esta columna para invitar a los litigantes Externadistas a sumarse a esta causa que sirve para propender por un verdadero acceso a la justicia, entendido este como la posibilidad de que todo ciudadano pueda obtener una resolución igual a un problema legal semejante sin que su condición económica sea determinante.[2] No faltará quien siga creyendo en lo de pleito gratuito pleito maldito pero en la medida en que superemos ese “materialismo” en el que como el aluvión, lenta e imperceptiblemente, se está sumiendo la profesión, seremos más y mejores abogados. Porque como dice otro refrán “el que piensa que la plata lo es todo, termina haciendo de todo por la plata”. Para más información www.probono.org.co [1] El Acesso a la Justicia: teoría y práctica desde una perspectiva comparada. Daniel Bonilla y Colin Crawford. Universidad de los Andes. Siglo del Hombre Editores 2019. [2] Rebeca L Sandefut, The Fulcrum Point of Equal Accses to Justice: Legal and Nonlegal Institutions of Renedy, citada por la profesora Bejarano Ricaurte en su publicación.

Desde mis ya lejanas épocas de primíparo he disfrutado con las historias que dan cuenta de sucesos supuestamente ocurridos en los salones y pasillos de nuestro Externado. Con el paso del tiempo pude corroborar algunos y desmentir otros. Como suele suceder con las historias transmitidas vía oral –en la época en las que ocurrieron los hechos los celulares con cámara eran ciencia ficción y no hay registros, como ocurre hoy–, muchas de ellas tienen distintas versiones, otras desfiguraciones protuberantes en relación con lo que narran quienes afirman haber estado presentes, pero ninguna deja de ser divertida. De modo que para darles a mis lectores un merecido recreo y volver en la próxima edición de EL RADICAL a ocuparme de los graves sucesos que siguen teniendo crispados los ánimos en nuestra comunidad, voy a compartir un par de leyendas de las que, al parecer, fue protagonista el Doctor Fernando Hinestrosa, con la esperanza de que alguien las confirme o las desmienta.

Tal vez una de las más populares historias del Externado da cuenta de la celebración de un examen oral de Obligaciones, cátedra por muchos años regentada por el Doctor Fernando. Cuenta la leyenda que la prueba se llevó a cabo en el teatro y que el maestro fijó con claridad las reglas de la evaluación en forma previa, como corresponde: “una pregunta, una respuesta. Uno o Cinco”. Luego se dirigió a uno de los alumnos y le dijo “¿Cuál es su nombre?” y el estudiante se puso de pie y dijo “Richard Tovar Cárdenas” y se sentó de nuevo. El Doctor Hinestrosa lo increpó: “¿Por qué se sienta, no va presentar el examen?” y el alumno respondió “Usted fue claro Doctor, una pregunta una respuesta. Ya preguntó y ya le respondí en forma correcta”. Dice la historia que el evaluador validó el ingenio del estudiante y le puso un cinco. ¿Mito o realidad? También he oído mil veces la historia de un examen final de Derecho Romano II, que también regentó por años el Doctor Hinestrosa. Según los narradores el examen se llevaba a cabo en la rectoría en grupos de a tres estudiantes. Para la época de los hechos era admitida una sola evaluación al año cuya nota correspondía al cien por ciento de la nota de la materia. Cuenta la leyenda que en uno de los grupos estaba un estudiante de la Costa Caribe, famoso por su don de la palabra y su disposición para no asistir a clase. El Doctor Fernando, sin los apremios de la tutela y los otros males que hoy dejan casi inerme al evaluador, hizo una sola pregunta: “¿Señale y explique la definición de obligación de Justiniano?”. Dicen que el evaluado se despachó tremendo discurso que no correspondía con lo preguntado, pero que a oídos de cualquier incauto se sostenía. El maestro, en la mitad de la exposición le dijo “tres” y el costeño dejo ver su sonrisa. Tres en un cien por ciento de Romano II con Hinestrosa legitimaba una buena juma. Luego el maestro completó la frase “tres veces lo vi en clase, con razón no sabe qué le estoy preguntando. Tiene uno”. ¿Mito o realidad? Verdades o simples leyendas urbanas, sin duda dan cuenta de otras épocas que añoramos y que esperamos regresen pronto, porque las historias de lo que ocurre hoy en nuestro Externado más que hilaridad producen miedo.

Tenía lista una columna acerca del deporte en el Externado, tema que me parece sensible y que está de moda por cuenta de los triunfos de nuestros deportistas que, casi siempre para lograrlos sacrifican la calidad de su educación superior a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, en donde el deporte universitario es la incubadora de campeones. Me ocuparé en la próxima edición. Hoy debo dar cuenta de un par de temas que surgen de mi ocasional encuentro en Bucaramanga con el Rector Henao. Dejo claro que, durante sus épocas de becario en Francia, cuando fue mi profesor en posgrado y maestría, así como durante su periplo como Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, tuvimos una relación más que cordial que incluso podría calificarse de incipiente amistad. Sin embargo, luego de nombrado Rector es la tercera vez que me cruzo palabras con él, a pesar de mis intentos fallidos de hace unos años por obtener una cita solo para saludarlo y felicitarlo. Uno en un entierro y otro en la Cámara de Comercio, y el encuentro del pasado viernes. A eso se ha limitado mi relación en estos años con Henao en el poder. Me encontraba en uno de los salones del antiguo Hotel Bucarica a punto de iniciar mi clase en la especialización de Derecho Procesal Civil, cuando irrumpió –es la palabra exacta- el Rector, y desde la parte de atrás del salón me dijo “el Doctor Estrada, opositor y todavía no lo han echado del Externado”.  Su sonrisa en la cara me aclaró, que no a los estudiantes, que no se trataba de una amenaza velada, sino de un chiste un poco flojo, con el que arrancó una franca y cordial conversación de casi veinte minutos.

No voy a incurrir en la ligereza de convertir en columna esa conversación privada, pero por su relevancia voy a tocar dos temas que salieron a flote luego del “saludito rectoral”, pues de ellos me he ocupado en esta columna en el pasado y han sido tema de varios editoriales de El Radical que he compartido en forma íntegra. Ofrezco excusas a mis lectores si estas líneas superan el espacio habitual, pero el asunto lo amerita. La Rectoría es de puertas abiertas, respeta, tolera y promueve la crítica respetuosa No tengo duda de que esa sea la premisa, de labios para afuera. Pero los hechos son tozudos y demuestran lo contrario. La Rectoría sí tiene las puertas abiertas, pero no para los críticos, sino para los áulicos y aplaudidores, a quienes la lagartería los ha llevado incluso a anunciarse, abusivamente y desmentidos ya, como “voceros del Rector”. Ese es el precio que se paga por promover esos sistemas de poder casi monárquicos, en los que la cercanía con el “rey” hace poderosos a mediocres, promueve abusos y aísla al monarca, a quien solo le dicen lo que quiere oír. Si queda algo del Henao que conocí, debería pasar del dicho al hecho y promover un debate abierto y franco sobre el manejo y futuro de nuestro Externado, con reglas claras, temas definidos, desde luego en un ambiente propositivo y constructivo. Que nadie se llame a engaños, los Radicales nos debemos al Externado y solo queremos lo mejor para nuestra casa de estudios. Mientras ello no ocurra, quienes vemos las cosas de otro modo y no tenemos el privilegio de “entrar” a la Rectoría tendremos que seguirlas diciendo en otros escenarios, recibiendo el calificativo de opositores. En el Externado no hay corrupción y esa es una acusación injusta y temeraria     Para abordar este tema lo primero que hay que tener claro es ¿Cuál es alcance del concepto de corrupción? Si incurrimos en el error de sostener que es solo apropiarse de recursos, pues sin duda quien esto escribe no tiene pruebas de que ello ocurra en el Externado –aunque seguimos sin conocer los resultados de la famosa auditoria y la anhelada rendición de cuentas, que podrían evidenciar otras cosas-. Para no entrar en terrenos farragosos, me limito a la definición de la RAE. Corrupción es la acción y efecto de corromper. Depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar.  La corrupción, en consecuencia, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Se corrompen las tradiciones, por ejemplo. Y ciertas afirmaciones en boca de un directivo del Externado contribuyen a la corrupción del respeto a la crítica, que en el Externado debe ser sagrado. La corrupción es también incurrir en “abusos del poder” para obtener ventajas ilegítimas y defraudar la confianza pública. Puesto el concepto en ese contexto, legítimo y cierto, sí es posible sostener que en el Externado hay hechos de corrupción. Decir, por ejemplo, que quienes escribimos en El Radical lo hacemos porque queremos poner a Eduardo Montealegre de Rector, es una afirmación mentirosa que constituye corrupción, pues se falsea la realidad para buscar beneficios personales. Mantener como docentes a mediocres cuyo único mérito es su amistad con un poderoso, es corrupción; convertir una reelección en una prórroga automática del periodo rectoral, es corrupción. Minimizar casos de presunto acoso laboral y/o sexual, es corrupción. Repartir beneficios, becas y cursos en el exterior sin criterios objetivos, corrompe el sistema de méritos y mata la igualdad. No convocar a elecciones de Consejo Directivo sino para ajustar los cupos de los estudiantes, cuando el periodo de los profesores está aún más que vencido, es corrupción. Todos estos actos y otros más que dejo entre el tintero, son corrupción porque echan a perder, pervierten y legitiman el uso abusivo del poder en beneficio de un interés personal y, repito, traicionan la confianza pública. Mi conversación con el Rector concluyó como empezó. En efecto, le dije con franqueza que era mucha la gente que coincidía en las apreciaciones que le di. Sonriente me dijo desde la parte de atrás del salón con su inconfundible forma de hablar “son diez gatos”. Esa frase despectiva y ese convencimiento arrogante lo resume todo, pues es también una forma de corrupción, al ignorar, minimizar o ridiculizar a los contrarios para continuar ejerciendo un poder ilimitado y arbitrario. El Rector olvida que muchos callan para mantener privilegios. Otros hablan, pero no de frente, y pocos decimos las cosas mirando a los ojos o firmando con nombre y apellido, porque nuestro estómago no está conectado a la sonda inagotable de la pagaduría del Externado y somos libres no solo para el discurso de liberalismo, que se debe publicitar, pero, sobre todo, ejercer sin atropellar.

La presentación de cifras y datos de forma desfigurada o parcial por parte de gobernantes y empresarios para ganar indulgencias con padre nuestros ajenos, es una práctica malsana que ha hecho carrera. Por fortuna las redes y el acceso a la tecnología de la información permiten cada vez más poner en evidencia a quienes acuden a ese expediente, algunas veces de buena fe, otras por torpeza y en no pocas de forma calculada para despistar incautos. De esa forma quienes no “tragamos entero” estamos en posibilidad de ir un poquito más allá y hacer una lectura juiciosa de los datos que se presentan de manera acomodaticia. En estos días hice la tarea. No para “darle bate” a la Universidad, como me dijo un querido amigo que se ha dejado contaminar de la tesis que se prohíja desde las altas esferas de poder del Externado para estigmatizar las voces -cada vez más numerosas- que hacen justos reclamos de transparencia, sino para encender las alarmas y se recupere el rumbo de nuestra Universidad, por cierto cada vez más extraviado.

¿Qué dato me puso en el plan de ratón de biblioteca? Fue la revelación en varios medios de comunicación –El Tiempo y El Espectador– del ranking internacional QS 2019–2020, al que se le hizo eco en la página Web institucional de la Universidad, destacando que “una vez más el Externado de Colombia se ubicó entre las 500 mejores instituciones de educación superior del mundo” lo que me puso a investigar. Y es que el titular me alegró, pero me generó varios interrogantes. Primero me pregunté ¿Cuántas universidades hay en el mundo? porque un listado de 500 me parecía excesivo. Mi precario trabajo de investigación me permitió evidenciar que, según las cifras que manejan distintos portales, se estiman en 19.000 los centros de educación superior, con 4.000 en solo América Latina. En esa medida, mi primera preocupación quedó superada. Estar entre las 500 no es mala cosa. Pero ya el segundo párrafo de la nota publicada en nuestra página Web no me alegró tanto. Los Andes (puesto 234) y la Nacional (puesto 253) se ubicaron dentro de las 300 primeras. Nuestro Externado (480) cerca del final de la tabla. Igual, mantuve el optimismo y me dije como consuelo: estamos en las 500. El dato que si me mortificó y que espero esté siendo analizado de manera juiciosa por nuestro Rector y el Consejo Directivo, fue el que encontré en varios medios que analizaron los resultados del ranking y que, seguramente por un olvido no se mencionó en la noticia publicada en la página Web del Externado. Varias de las universidades colombianas subieron de puesto en el publicitado escalafón. La Nacional y Los Andes encabezan ese listado. Y solo una universidad había descendido en comparación con la medición anterior. Como dice mi tía, la risa se me volvió llanto cuando confirmé con mis búsquedas que nuestro Externado era esa universidad a la que, sin mencionar -seguro por prudencia o vaya uno a saber por qué razón- se referían El Tiempo y El Espectador en sus notas. En efecto, en el mismo ranking QS 2018–2019, nuestra universidad ocupaba el puesto 407 entre las 500. Hoy en la medición 2019–2020, ocupamos el puesto 480. ¡En un año perdimos 73 puestos! ¡Esa es la noticia! y no creo que sea para celebrar. ¿Qué nos pasó si vamos volando, como dicen por ahí? Me quedaré esperando la explicación, pero ahí le dejo el dato a los que le hicieron tanta bulla a las mentiras verdaderas de nuestra página Web. Posdata. Y si lo del ranking QS es una mala noticia, ni hablar de los resultados de la Facultad de Derecho en las Pruebas Saber Pro: el noveno puesto por debajo de Icesi, Eafit, Sabana y la Universidad del Norte. ¿Vamos volando o empezamos a planear?

Es fácil promover el disenso de manera discursiva. Ser grandilocuentes hablando de tolerancia y de respeto por las ideas de los demás. Señalar en público las bondades de tener contradictores legítimos, vanagloriarse de oír y respetar a los críticos, de nutrirse de las ideas ajenas, para luego, en privado, descalificarlos, desacreditarlos y promover su aislamiento. La sociología política coincide en la importancia que tiene el disenso para el mantenimiento de las democracias robustas y sanas. Las diferencias y los desacuerdos son promotores de nuevas ideas, de progreso y se erigen como límite a los abusos de poder. El unanimismo, por oposición, les hace daño, las hace estancar y legitima los abusos de quienes ejercen el poder.

Cuando acepté la invitación de varios de mis maestros de la Facultad de Derecho para participar en El Radical, pensé en los postulados del liberalismo radical que fueron el estandarte fundacional de nuestro Externado. También se me vino a la cabeza la célebre definición de liberalismo del médico y humanista español Gregorio Marañón, que sentenció que liberal es “quien está dispuesto no solo a entenderse con el que piensa de otro modo, sino también a dejarse convencer y hacer propios los argumentos del contendor”. Juré que esos postulados formaban parte de la genética externadista y por eso invoqué el que el Dr. Hinestrosa denominaba el “talante externadista” en mi primera columna en esta tribuna. Lamentablemente, me equivoqué. Hoy, cuando El Radical ya no es una quimera sino una realidad, como lo confirman las visitas a la página de nuestra sexta edición –3.500 lectores en una comunidad estimada de catorce mil estudiantes–, corrobora que los externadistas tienen un “taco en la garganta” pero que no se atreven a sacar. ¿Extravió nuestra comunidad el talante al que tantas veces aludió el Dr. Fernando? Pareciera que muchos están presos de esa relación Externado – estómago, pensando solo en ellos, en su zona de confort y no en la Universidad. No obstante, nos leen y bastante. Pero nadie que pertenezca a la comunidad profesoral se atreve a dejar un comentario en la página. Lo curioso es que, cuando esta nota esté al aire, recibiré varias llamadas o mensajes de datos para comentarla o hablar del editorial. Los profesores saben que hay síntomas visibles de una democracia enferma en nuestro Externado: Consejo Directivo sin renovarse, un sistema electoral que no garantiza la representación de las minorías, dádivas que compran silencios y muchas otras cosas que se deben corregir. Pero nadie quiere “desafiar” a las directivas del último bastión liberal de la academia, que se han encargado en privado de satanizar el disenso. Se le está haciendo tarde al Rector Henao para mostrarnos que su liberalismo va mucho más allá de promover la apertura de un baño mixto en el bloque A. Ojalá aproveche el tiempo que le queda, por el bien del Externado.

El caso del hoy ex senador Antanas Mockus nos ha ratificado a muchos esa sentencia de la sabiduría popular que dicta que para algunos es mejor parecer que ser. Nunca fui mockusiano. En esa medida no me siento engañado. Su tema de cultura ciudadana y logros como el de hacernos cruzar por la cebra o convertir en hábito el uso del cinturón de seguridad –que lo hicieron célebre como gobernante–, me parecen bastante básicos; y sus patanerías pedagógicas como la lanzada de agua en la cara a sus contendores, la bajada de los pantalones para protestar y los baños arrepentidos en aguas turbias de las piletas del Parque Nacional para lograr el perdón de sus simpatizantes, nunca dejaron de parecerme calculados recursos para repuntar mediáticamente. Ahora bien, que le hayan funcionado y logrado parecer durante mucho tiempo lo que no era, es otra cosa. Como Alcalde de Bogotá dejó ver su talante, pero sus “travesuras” ocultaron los actos que nos mostraban el verdadero Mockus. Decidió, por si y ante sí que debía convertir el Palacio de Liévano en su residencia. Si mi memoria no me falla es el único mandatario local que ha decidido tener residencia oficial pagada con nuestros impuestos. Durante esa estancia en Liévano hubo denuncias serías acerca del pago de “mercados” incluidos elementos de aseo para su hija menor con cargo a recursos del Distrito. Tamaña indelicadeza también le fue perdonada. Y, remató esa primera administración, dejando el cargo para aspirar a la Presidencia de la República traicionando a sus electores y sucumbiendo a su desmedida ambición de poder. Luego vinieron su enfermedad, los infames ataques del uribismo que lo hicieron víctima y su cacareado rol de “consultor pedagógico” a través de su fundación Corpovisionarios, con la que se llenó de contratos estatales y, porque no decirlo, se benefició de forma directa.

Pero tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. En las últimas elecciones sucumbió a las súplicas de los verdes para encabezar su lista al Senado y evitar que el Partido no lograra el umbral. De nuevo se movió por el borde. Pretendió que ser el representante legal de Corpovisionarios y que los contratos celebrados seis meses antes con entidades del Estado no lo privarían de ser candidato con el frágil argumento de que, a pesar ser su condición y de la expresa prohibición legal, había delegado la facultad de contratar. Una argucia, una pirueta, una trampa de esas que no se puede ocultar. El Consejo de Estado dejó las cosas claras y la pirinola cayó en “no todo vale”. Ahora el profesor es un feroz tutelante que quiere darle tono de persecución política a una decisión judicial que no tiene mácula y borrar sus culpas antes sus quinientos mil electores defraudados. Engañó a muchos durante mucho tiempo el profesor. Eso suele suceder. Hay personajes que logran subirse en pedestales morales que no les corresponden, ocultando su verdadero talante y condición humana. En todas las comunidades existen. Nuestro Externado no es la excepción. Por eso ahora que se anuncian elecciones y que habrá candidatos –impuestos y espontáneos– tenemos que abrir el ojo. Hay muchos personajes de dudosa ortografía que posan de buenones pero que no aguantan el escrutinio juicioso de sus ejecutorias. De esos que con un soplido suave puede irse de bruces, pues tienen largo rabo de paja. “Soles de la calle oscuridad de la casa” diría mi abuela. De esos no queremos en el Consejo Directivo, ni menos en la Rectoría de nuestro Externado.

La vida ha sido generosa conmigo y por cuenta de ello he podido ejercer la docencia no solo en el Externado de mis amores sino también en otras Facultades de Derecho del país. Por eso no deja de sorprenderme que lo que en el vecindario es normal, por ejemplo en Los Andes o en El Rosario, en nuestra Universidad se haya convertido en una situación excepcional que despierta todo tipo de sentimientos. En efecto, el anuncio de las tan esperadas y, porque no decirlo, inéditas para varias generaciones, elecciones del Consejo Directivo que en algo nos devuelve la fe a los que creemos en los valores y principios fundacionales del Externado, generan válidas inquietudes que, como ya es costumbre, se comentan en privado y se callan en público. Convocar el certamen más importante de nuestra democracia universitaria debería dar lugar a la expresión libre de las distintas corrientes de pensamiento que habitan en nuestras centenarias aulas y permitir la postulación de aspirantes que con compromiso y rectitud quieran servir a la institución, mantener lo que está bien y corregir el rumbo en asuntos en los que indiscutiblemente se ha extraviado. Pero, lamentablemente, no parece que ello vaya o pueda ser así. El sistema electoral que aplica a esta convocatoria, a menos de que se le hagan necesarios ajustes, no da espacio para las expresiones minoritarias y allana el camino a las listas que tengan el “guiño” del establecimiento. Lo digo con la certeza que me concede haberlo padecido.

Hace un par de años, ante la convocatoria a elecciones en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho decidí participar desoyendo las voces de muchos que de forma despectiva me señalaban que cuál era el afán de meterme “a aprobar solicitudes de revisión de exámenes” descalificando así la importancia de ese órgano de dirección de la más tradicional de las facultades. Hice la tarea y convoqué a los profesores con los que consideraba existía afinidad, me conocían y sabían de mi trayectoria profesional y académica. Algunos de los que están vinculados a la Universidad y al mismo tiempo ejercen con brillo su oficio de abogado me ofrecieron su apoyo irrestricto. Otros, de frente y sin tapujos, me expresaron no tener coincidencias y anunciaron el respaldo de otros nombres, como debe ser. Pero, tristemente, una mayoría de los docentes que abordé, que me conocen, con los que coincido en distintos escenarios y con los que debatimos amistosamente sobre diferentes temas, guardaron prudente silencio y otros, no pocos, en clara muestra de su talante vacilante, manifestaron que “ese día no estarían en la U” o que “ellos a eso no le paraban bolas”. Como era lógico, concentré mis “esfuerzos electorales” en el Departamento de Derecho Administrativo, en donde he dictado clases en pregrado y maestría de forma ininterrumpida desde el año 2004, a pesar de que los registros de Recursos Humanos digan otra cosa. También lo hice en el Departamento de Procesal, en donde tengo carga académica en posgrado y maestría desde el año 2008. Mi sorpresa no fue menor cuando supe que en el departamento de Derecho Administrativo alguien con mucha audiencia “sugirió” que lo correcto era apoyar nombres de ese departamento y precisó que yo era un candidato de Procesal. Obviamente un comentario de esa naturaleza tiene una poderosa incidencia en quienes sienten que se lo “deben todo” a la Universidad y los que con humor vergonzante no tienen empacho en señalar que “no hay que patear la lonchera” y más si el otro candidato de Administrativo era nada más y nada menos que el Director del Departamento. El resultado de mi experiencia electoral fueron 38 votos. Si mi memoria no me falla la más alta de un candidato por el que nadie desde el poder del establecimiento sugirió votar. 38 profesores que libres de ataduras juzgaron que podía representarlos en el órgano de dirección de la Facultad. Sin embargo, esa “inmensa minoría” parafraseando el eslogan de la querida HJCK, no tuvo representación. Esa mañana luego del conteo de votos, mientras salía a comprar caléndula para mi primera y espero única quemada, sentí que algunos jugaron la partida con los dados cargados y ahora, de cara a esta nueva contienda temo que quienes emprendan la aventura independiente sin el apoyo del establecimiento, si las reglas no cambian, experimentarán la misma sensación. Ojalá me equivoque. Posdata: La comunidad jurídica está de luto. La temprana partida del litigante y profesor del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Gabriel de Vega Pinzón, nos dolió a todos. Hombre recto, impoluto, contraparte leal, juez justo, amigo de sus amigos, fue como lo dijo su hermano de la vida Alejandro Venegas, un “gladiador con o sin legión”. En el foro se extrañará por siempre al colega y al amigo.

En 1991 el entonces Presidente César Gaviria dijo en un discurso que la Rama Judicial iba a dejar de ser la rama marchita del Estado. Hacía referencia a los nuevos salarios que decretó y con los que se quiso dignificar la remuneración de los jueces y magistrados. Este reajuste salarial, tal vez el más importante en la historia de la judicatura, estuvo acompañado de otras decisiones que procuraban hacer atractivo el ingreso de los abogados al ejercicio de la función judicial. Normas transitorias que apuntaban a la descongestión de los despachos y unos nuevos perfiles para nuestros jueces, acompañadas de un sistema de elección -que se esperaba fuera transparente-, a partir de listas elaboradas por el Consejo Superior de la Judicatura en las que solo estuvieran los más capaces y preparados, fueron parte de la fórmula. Veinte y ocho años después es doloroso registrar que no solo no reverdeció, sino que cada día se ve más marchita. Con honrosas excepciones el perfil de nuestros jueces sigue sin ser el deseado y la corrupción se ha vuelto parte de la cultura judicial. Funcionarios que olvidan su rol de servidores y entran a la rama no para administrar justicia sino para volverse expertos en maniobras torticeras con las que llenan irregularmente sus bolsillos. Ya no existe la disculpa de las malas remuneraciones. Un juez civil municipal se gana nueve millones de pesos y un magistrado de Corte recibe casi treinta y cinco millones al mes. Tienen vacaciones remuneradas, prestaciones de ley y otras gabelas. Desde luego que podían estar mejor pagos, sobre todo los de la parte baja de la pirámide, pero si se compara con los salarios que se pagan a los abogados de firma o a otros servidores del Estado, forzoso es concluir que no están mal remunerados. Sin embargo, y a pesar de que el tema económico ha dejado de ser pretexto, llama poderosamente la atención que las universidades como el Externado aporten tan pocos egresados al servicio judicial.

No voy a incurrir en la ligereza de señalar que el buen abogado o el buen juez solo lo es si se recibe de una facultad con trayectoria. No. Buenos y malos salen de todas las facultades. Pero tampoco se puede desconocer que escuelas de derecho con menos tradición que nuestro Externado, contribuyen en mayor proporción con abogados que optan por la judicatura. Ni siquiera en las denominadas Altas Cortes la participación de las más tradicionales escuelas de derecho es mayoritaria en nuestros tiempos. ¿Cuál es la razón para la apatía Externadista hacia la judicatura? ¿Es un tema vocacional? ¿Nuestro programa no apunta a formar jueces? ¿Deberían existir dentro de las electivas más alternativas que conecten al estudiante con la función judicial? Estas inquietudes me han rondado hace unos años y cobran fuerza ahora que nuestra nueva Decana, la doctora Adriana Zapata, a quién le deseamos buen viento y buena mar desde esta tribuna, ha señalado en medios que se deben preparar abogados para el mundo de las concesiones y la infraestructura. Me pregunto si no se prestaría un mejor servicio a nuestra sociedad despertado en nuestros estudiantes la vocación por la judicatura. La facultad de Derecho de los Andes el año pasado, lanzó un programa de formación para jueces. Crecí oyendo los lamentos fundados de mis maestros por la muerte prematura de los suyos en la toma y retoma del Palacio de Justicia en ese oscuro noviembre de 1985. Me hice abogado admirando y respetando a los profesores que administraban justicia y nos instruían en la cátedra. Espero que la vida me permita ser juez permanente en algún momento de mi existencia y contribuir a la recta y cumplida administración de justicia. La Rama Judicial debe reverdecer y estar siempre en florida primavera, solo eso garantizará la convivencia pacífica de los colombianos y nuestro Externado debe contribuir decididamente en ese propósito. Tengo la sensación de que tenemos esa asignatura en pendiente.